Tarija

Entre llanto y dolor desalojan a 30 familias en Pampa Galana

• Loteadores les vendieron terrenos donde construyeron precarias casas en las que vivían al menos seis años


MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN EN PAMPA GALANA.

Tarija (El País Plus).- El fallo de la justicia dio la razón a los reales propietarios y de nada valió el muro de cinco niñas que quiso impedir el desalojo efectuado por los más de 130 uniformados que cumplieron con una orden judicial.

La Policía, compuesta por 127 efectivos y 12 jefes, junto al oficial de diligencias y los abogados de los propietarios llegaron al lugar alrededor de las 09.45, allí se habían instalado tres piquetes para impedir la entrada de los uniformados y la que colindaba con el barrio de Santa Rosa fue donde hubo el encuentro con las familias afectadas.

OPERATIVO

El coronel al mando del operativo, Miguel Ángel Villarroel Vidaurre, les explicó que cumplía una orden judicial, que debían retirarse de manera pacífica para evitar un enfrentamiento innecesario, les recomendó tomar un abogado para hacer un proceso penal a los que les habían vendido ilegalmente esos terrenos.

El grupo de vecinos estaba compuesto en su mayoría por mujeres, adolescentes, niños y muy pocos hombres. De nada valieron las súplicas de una señora que dijo ser viuda y que tenía niños pequeños y que no tenía dónde ir, de una adulta mayor que dijo estar sola y que era su única posesión y el enojo de los adolescentes que amenazaban con palos y piedras.

Les dieron 20 minutos para desalojar el sitio, pero pasó más de una hora antes de que empiecen las acciones, unas cinco niñas se pusieron al frente armadas de palos y lágrimas y detrás de ellas sus madres. Los chicos empezaron a tirar piedras, pero los efectivos policiales, protegidos por escudos, avanzaron con fuerza y los dispersaron con facilidad.

En el lugar estaban presentes la representante de la Asamblea de Derechos Humanos de Tarija, María Teresa Rojas; la asesora legal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Gabriela Ichazo, la trabajadora social Rosemary Paxi y representantes del Defensor del Pueblo. Todos ellos para velar por la integridad de los afectados.

Luego de perseguir a los jóvenes que presentaron resistencia al ingreso de los uniformados y detener a algunos de ellos, el coronel Villarroel indicó que si bien hubo algunos problemas, observó que la gente se resignó a permitir el desalojo, consolidaron la presencia policial, no hubo heridos, no se utilizaron agentes químicos y los arrestados serían liberados luego de ocho horas.

La representante de las afectadas, Andrea Rojas Barboli, una mujer con el rostro surcado de arrugas, dijo que fueron sorprendidas; admitió que fueron las terceras personas que habían adquirido los lotes y que nadie les informó sobre el desalojo ni siquiera su abogado, no querían ningún enfrentamiento sólo entablar un arreglo para abandonar el lugar de manera decente.

“Este lugar nos ha costado nuestra plata, ya vivimos años, ya estamos entrando a siete años y no es dable que vengan sin notificarnos, -comentó- sin decirnos que van a venir a desalojarnos, no sabíamos, esta mañana nos sorprendieron, nosotros sólo queríamos que esto salga de buena forma, estamos dispuestas a un arreglo”.

Por su parte, el abogado de los reales propietarios, Tamer Medina, contó que después de cinco años que tardó el proceso judicial se obtuvo el mandamiento de desapoderamiento.

Apuntó que las personas que estaban en los terrenos fueron estafados por quienes organizaron el asentamiento y se ofreció colaborar en la demanda contra ellos. Ocuparon alrededor de una hectárea y media y que cada lote les vendieron a unos 10 mil dólares.

Además que los presuntos dueños “les sacaban dinero para todo”, dijo, y que se debe hacer una investigación para determinar el monto de la estafa que sufrieron alrededor de 57 familias, de las cuales unas 30 ocupaban el lugar.

A su vez, una de las reales propietarias, Marta Rocabado Avendaño, contó que un grupo de unas 47 personas compraron esos terrenos hace 26 años con préstamos del desparecido banco Bidesa. Ellas se habían organizado como un grupo de trabajo voluntario para realizar obras en el barrio Luis Espinal.

“Hemos abierto calles, ayudado en las escuelas, hemos hecho canchas, parte de la iglesia, el teatro, el mismo complejo social y de esta manera Prometa nos garantizó para comprar un terreno con el objetivo de hacer una granja -explicó-, no pudimos lograr este proyecto y los terrenos quedaron”.

 
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