Revilla pide evaluar proyecto de ley de bono para discapacitados

El proyecto de ley de pago de un bono mensual de Bs 250 a favor de las personas con discapacidad, por cuenta de los municipios, fue rechazado por el alcalde de La Paz, Luis Revilla, quien señaló la urgencia de un pronunciamiento por parte de Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), así como de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), para efectuar un adecuado análisis antes de su ejecución.

La autoridad edil recordó que la falta de recursos económicos fue uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno durante la movilización, que por más de tres meses efectuaron las personas con discapacidad en la sede de Gobierno, por lo que transferir esa responsabilidad a los municipio no es una respuesta adecuada, toda vez que las alcaldías enfrentan un importante recorte financiero.

“El Gobierno central administra el 85% del presupuesto de todo el país, mientras que entre los municipios y las gobernaciones el presupuesto que se nos transfiere es 15%. El Ejecutivo dice que no tiene dinero, pero los municipios debieran tener, es una contradicción”, afirmó el burgomaestre de La Paz, a tiempo de lamentar la actuación del poder central sin buscar previo consenso.

Señaló que a la carencia de recursos financieros se debe sumar la falta de una previa evaluación técnica emergente de un Censo, que tampoco existe. “Primero deberíamos tener el registro de las personas con discapacidad y los niveles de discapacidad, para saber de cuánto estamos hablando”, refirió.

NO SE PRONUNCIAN

Ante el anuncio efectuado por el presidente del Estado, Evo Morales, en sentido de transferir tal responsabilidad a los gobierno locales, el alcalde Revilla demandó de la FAM y la AMB convoquen a una reunión de emergencia a los municipios para evaluar este tema.

“La Federación de Asociaciones Municipales ni la Asociación de Municipalidades de Bolivia se han pronunciado sobre este tema, porque el presidente de la FAM por ser del partido de gobierno ¿no pueden convocar a los municipios?, ¿no pueden pedir una reunión con el gobierno para manifestarle nuestra preocupación?, cuestionó la autoridad.

En este mismo sentido, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, exigió que “con carácter de urgencia se convoque a una reunión de municipalidades”, antes de que el proyecto de ley sea tratado por el Legislativo Nacional, para evaluar objetivamente cuál el alcance en términos económicos en cada uno de los municipios, de modo que la solución a la demanda de la población discapacitada tenga respuestas en el marco de una mejor organización y que sea de concertación.

FINANCIAMIENTO

Por otra parte, recordó que el dinero del Estado retirado a los partidos políticos, con el que supuestamente financiarían campañas electorales, sería destinado a esa población, pero que a la fecha no se conoce el destino de tales fondos.

“Si ha utilizado el dinero de los partidos políticos y no se paga a los discapacitados, dónde están esos recursos”, señaló el Alcalde paceño, tras remarcar que el utilizar dineros municipales para este objetivo implicaría resignar algunos proyectos como la construcción de hospitales, el desayuno escolar o la atención a unidades educativas.

Por otra parte, recordó que la drástica reducción de la transferencia por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) afectó en Bs 58 millones al presupuesto municipal de La Paz.

“El Presupuesto de la gestión 2012 era de Bs 2 mil millones, la gestión 2017 es de Bs 1.8 mil millones. Tenemos una reducción de presupuesto y un aumento de responsabilidades”, afirmó.

ATENCIÓN DEL ESTADO

Entre tanto, el concejal de oposición (MAS) Jorge Silva señaló que la responsabilidad desde el Estado tiene un sentido concurrente y que son tres instancias de la administración las que deben atender a la población discapacitada.

“Cuando decimos Estado no sólo se refiere al Gobierno nacional, sino también al gobierno departamental y municipal. La Constitución Política del Estado (CPE) señala que es un responsabilidad del Estado y no del Gobierno central”, afirmó.

En este sentido, el concejal señaló que antes de rechazar o apoyar el proyecto de Ley, debiera contarse con la documentación pertinente para definir si es posible, o no, asumir determinada actitud.