¿Celebrando una derrota...?

El 21 de febrero de 2016 los bolivianos asistimos -por insistencia del partido de gobierno- a un referéndum para reformar el Art. 168 de la Constitución Política del Estado, con objeto de intentar la postulación del Presidente y Vicepresidente del país para un cuarto periodo constitucional. La ciudadanía, en esa oportunidad, fue dura al oponerse a la realización de dicha convocatoria, aduciendo, entre otros argumentos, que se trataba de una convocatoria muy prematura, que se trataba de otro gasto insulso, que no se podía convocar a una reforma constitucional para favorecer solo a dos personas, etc., a lo que el MAS, autor de la idea, hizo oídos sordos, empecinándose en efectuar dicho referéndum.

El resultado conocido, adverso a las pretensiones del MAS - derrotado claramente en las urnas- a un año de su realización continúa motivando una serie de actitudes, completamente fuera de lugar, para tratar de ignorar –ilegalmente, por supuesto- una sentencia contundente, inventando recursos y/o demandas que ya son extemporáneas.

Desde el punto de vista constitucional, el triunfo del “NO”, se constituye en lo que se denomina como Ley de la República. La ciudadanía actuó sustituyendo al Poder Legislativo, y desde el punto de vista judicial, se constituye en una sentencia definitiva, inapelable. La ciudadanía actuó sustituyendo a toda autoridad judicial. Como se decía antiguamente, es algo “oleado y sacramentado”. Solo queda su cumplimiento, como ordena el Art. 15 de la Ley 026 de 30 de junio de 2010.

Sin embargo, pese a la diáfana situación del tema, al MAS le cuesta digerir su derrota, y aduce, infantil y hasta risiblemente, que la ciudadanía basó su voto en una mentira (...!), para sufragar como lo hizo... Y al conocer que agrupaciones ciudadanas se han convocado para celebrar un año del triunfo en dicho referéndum, no tienen reparo en llamar a una movilización partidaria, para el mismo día, celebrando, dicen, el “Día de la Mentira”. Parece más bien celebrando su derrota en el referéndum, con una actitud muy similar a la que recurre permanentemente el régimen autoritario, despótico y dictatorial de Venezuela, en busca, obviamente, de una confrontación. ¿Es resentimiento por el resultado del 21 de febrero de 2016?

Por una parte, despilfarro de dinero, asistencia obligatoria de funcionarios de la administración pública y de agrupaciones sindicales afines al masismo, acarreo de campesinos a centros urbanos, y de esa manera... gran respaldo en el Día de la Mentira. Por la otra parte, asistencia voluntaria de profesionales, estudiantes, gente de clase media, todos pensantes, no acostumbrados a salir a las calles, que desean celebrar un gran triunfo de la democracia. En síntesis, un partido político frente a la ciudadanía boliviana.

Entre los halagadores que han surgido en torno a la figura de Dn. Evo Morales, resalta por luces propias la de un Ministro de Estado, instigador de la concentración del denominado Día de la Mentira, quien debía mostrar, en medio de sus lisonjas, su obligación de lealtad, que se supone tiene a su jefe -por ser letrado, ex Rector de una Casa Superior de Estudios- haciéndole comprender que al haber jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes del país, le correspondía respetar el resultado del 21 de febrero de 2016, y no sumarse al invento de los aduladores iletrados.

Pero la ciudadanía se pregunta de dónde salió esto de la mentira, como causa del resultado del 21 de febrero. Al parecer de revelaciones a cargo de un periodista en la ciudad de Santa Cruz, a principios de 2016, que informó a la opinión pública que: uno, el Presidente Morales mantuvo un idilio con una dama, con la duda de si hubo un hijo entre ambos; dos, que dicha dama desempeñó funciones directrices en una empresa china; y tres, que esa empresa china suscribió contratos millonarios con el gobierno.

Por otra parte, si el masismo, con desfachatez, ha inventado celebrar el “Día de la Mentira”, con innegable y sobrada razón, la ciudadanía podría celebrar “la Década de la Mentira”, por la mitomanía constante en los actos de la administración gubernamental.