La corrupción se expande y ya nadie se extraña por las permanentes denuncias que se refieren hasta a las más altas esferas del gobierno, y se habla de encubrimiento. Se afirma que se está combatiendo a ese mal, que se está sancionando a los responsables, pero nadie lo cree. La corrupción en niveles oficialistas está intacta y solo se persigue o sanciona a intermediarios y estamentos secundarios, no a los verdaderos responsables. Hay un tremendo muro de contención y de protección, nadie se atreve a señalar a los autores, por temor a represalias.
Han surgido nuevos ricos, con más dinero que aquellos a los que el gobierno denomina “vende patrias”. Ahora los grandes recursos económicos que ingresan al país como producto de exportación del gas son motivo de dispendio económico. El contrabando ha aumentado y el narcotráfico es protegido hábilmente. Si alguien se atreve a hacer una crítica, de inmediato se responde que viene de la derecha, el capitalismo, el neoliberalismo, el imperialismo, como cantaleta repetida permanentemente.
¿Qué se ha hecho hasta hoy con la corrupción en el Fondo Indígena? En las investigaciones controladas por el gobierno a través del Órgano Judicial, obediente a determinaciones del Ejecutivo, se ha ingresado a contradicciones entre los encubridores. ¿Qué ocurre en Entel, que sigue siendo Sociedad Anónima, y en YPFB quién controla a las unidades de adquisiciones? En otras empresas del Estado discrecionalmente se hace invitaciones directas por medio de las gerencias de compras y adquisiciones.
Desde las “nacionalizaciones” no hubo auditorías, ¿quién protege a sus ejecutivos? Se recuerda insistentemente que los “gastos reservados” fueron mal utilizados por gobiernos del pasado, en casos que merecen drásticas sanciones, pero ahora ¿de dónde salen los recursos para permanentes viajes al interior y exterior de comisiones frondosas, con viáticos, pasajes aéreos y de vía terrestre, gastos de gasolina a centros urbanos y rurales, etc.? ¿Provienen de “Fondos de seguridad del Estado? Cualquier entrega de obras, pequeñas o minúsculas o anuncio de proyectos se realiza con un gran dispendio económico, mediante contratos de TV, radio y periódicos. Hay derroche de recursos con fines políticos.
¿En el presupuesto general para la gestión anual por qué no se hace conocer los gastos que ocasionan estas actividades? ¿Cuánto cuesta la publicidad de obras que el gobierno está obligado a hacer por ser de su responsabilidad? La llamada Agenda Patriótica, que es un programa de objetivos, es obvio que deberá tener continuidad, sea por éste o por otro gobierno. Los voceros gubernamentales, especialmente desde el Ministerio de la Presidencia, varias veces han procedido a amenazar a la prensa y a quienes hacen críticas. Que recuerden que “ética es la ciencia de la conducta” y que la axiología es la teoría de los valores, como señalan Sócrates, Aristóteles, Kant. Ojalá los representantes del Ministerio Público apliquen también normas jurídicas. Estaremos atentos para observar si las determinaciones presidenciales se cumplen para poner atajo a la desmedida corrupción en la Administración Pública.
Bolivia está entre los países más corruptos de América Latina.
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