Bono para discapacitados debe ser tratado con el Pacto Fiscal

La propuesta del Gobierno central para que los municipios subvencionen un bono de Bs 250 mensual para la población discapacitada debe ser tratada en el marco del Pacto Fiscal, de lo contrario se presenta inviable para los gobiernos locales, declaró el secretario del Concejo Municipal de La Paz, Fabián Siñani.

La autoridad edil expresó la manifiesta preocupación por parte de las alcaldías no solo por la forma en que el Gobierno central ha actuado, sino por la información estadística que estaría socializando y que no hubiera compartido con el Gobierno local, aunque no es necesaria en cuanto al universo de personas con discapacidad y los niveles de discapacidades.

A decir del concejal Siñani, este tema debiera ser tratado en el escenario del nuevo Pacto Fiscal, a partir del régimen de autonomía de la Constitución Política del Estado (CPE) que define competencias para cada nivel de la Estructura Organizativa Territorial. De ese modo, será posible establecer de dónde provienen los recursos, cómo se los canaliza y qué nivel de gobierno es el encargado de su distribución.

LOS DISCAPACITADOS

El gobierno local habría planteado las difíciles condiciones de vida para la población con discapacidad y que las reivindicaciones de este sector son valederas, pero que en circunstancia alguna hubiera exigido al Gobierno central que pague el bono sin tener el debido sustento financiero. “En su momento, reconocimos que era muy complejo el tema por la falta de recursos y hoy decimos exactamente lo mismo”, expresó.

En este sentido, considera que no es real que los municipios cuenten con recursos en caja y en bancos, toda vez que los dineros municipales tienen un destino en obras y la gestión está ya programados para la presente gestión.

“Creemos que debe hacerse un censo detallado, pormenorizado, pues es el mecanismo que permitirá conocer de manera clara la magnitud del problema y sobre esa base definir políticas nacionales, departamentales y municipales”, apuntó.

En este sentido, expuso que si bien el Pacto Fiscal es un proceso que se extenderá hasta agosto de este año, es el escenario adecuado para tener una propuesta departamental y local claramente establecida.

PRESIONES NTERNACIONALES

Según la autoridad municipal, la actitud del Gobierno central tendría que ver con la urgencia de cumplir plazos impuestos por organismos internacionales, emergentes de la denuncia elevada por la Federación de Personas con Discapacidad, representadas por Sonia Mujica, donde exigiría el bono anual de Bs 3.000, además de denunciar los hechos de violencia vividos en inmediaciones de la plaza Murillo.

“Más parece ser una medida improvisada, poco pensada, que lo único que busca es liberarse de la presión que se tiene a nivel internacional, a diferencia de otro razonamiento serio y sostenible”, enfatizó.

SOBRE MINISTRO ARCE

A su vez, la concejal de La Paz, Andrea Cornejo, afirmó que como persona con discapacidad y miembro del Legislativo edil de la sede de gobierno, resta toda seriedad a las expresiones del ministro de Economía y Finanzas, Luis Arece Catacora, así como a las estadísticas sobre las cuales sustenta sus argumentaciones presupuestarias.

“Los datos expuestos son de carácter público y están en la página web del Ministerio de Salud, pero las cifras son del año 2011. Es decir no son registros actualizados, justamente por estos aspectos técnicos necesitamos realizar un trabajo que permita actuar sobre bases ciertas”, señaló, a tiempo de explicar que el registro Moto Méndez se sustenta en un proceso voluntario, a diferencia de un censo que se realizaría en cada municipio y distrito, que sí permitiría hablar con la verdad a los discapacitados.

A decir de la concejal Cornejo, la ausencia de una línea de base, con datos correctos desde lo nacional y lo local, es suficiente razón para no generar expectativas irreales en la población discapacitada.

“El Gobierno debe darle seriedad al asunto. La realidad de la persona con discapacidad es mucho más compleja de lo que se ve desde afuera y como lo plantea el gobierno”, afirmó, a tiempo de plantear la necesidad de un trabajo sostenible y no sólo para cerrar brechas creadas por falta de políticas mejor razonadas.

De igual modo, señaló que el Pacto Fiscal es el escenario para tratar este tema desde una perspectiva integral e inclusiva, para conocer el estado de situación de la población discapacitada y generar medidas adecuadas en los aspectos de salud, alimentación, educación, inclusión laboral, cada uno de estos aspectos con criterios de sostenibilidad.