Si municipios no tienen capacidad para cancelar

Representante asegura que Gobierno debe garantizar bono para discapacitados


El representante de las personas con discapacidad de la ciudad de El Alto, César Ugarte, afirmó ayer que si los gobiernos municipales no tienen la capacidad económica para pagar el bono mensual de Bs 250, deberá ser el Gobierno central quién garantice este beneficio.

GARANTÍA

El dirigente recordó que para su sector es un logro haber conseguido este beneficio, por lo que, en caso de que las alcaldías no puedan pagar el beneficio deberá ser el gobierno central que garantice el mismo mediante el Tesoro General del Estado.

“Nosotros siempre estaremos en constante comunicación y coordinación con las autoridades ediles, en nuestros caso con la alcaldesa de la ciudad de El Alto (Soledad Chapetón), quien deberá señalarnos de manera clara que no existe la posibilidad de erogar este gasto, por lo que estaremos pendientes de que sea el gobierno del presidente Evo Morales quién nos garantice este pago y no solamente en esta ciudad, sino a nivel nacional”, manifestó el representante.

Ugarte recordó que, en la pasada gestión, las movilizaciones que se realizaron para exigir este beneficio a nivel nacional, en primera, solicitaban un bono de Bs 500, quienes estuvieron presentes representantes a todos los sectores del país petición que fue directamente al gobierno nacional, por lo que tiene que ser esta instancia la que se comprometa en que los 250 bolivianos sea una realidad.

CONTRAPARTE

Por otro lado, el representante de las personas con discapacidad también dijo que otra de las posibilidades que deberá implementar el Gobierno central, en caso de que los gobiernos municipales no cuenten con la posibilidad de otorgar este bono, deberá ser la designación de una contraparte con la finalidad de que este bono pueda ser viable.

“Nosotros sabemos que muchos gobiernos municipales no cuentan con el soporte económico ni siquiera para realizar sus obras, es por eso que estamos pidiendo que se pueda dar estas dos posibilidades, por lo que primero pedimos que nos garantice que este bono se pagará a los discapacitados y de no ser así que sea el mismo Gobierno que opte por una contraparte y que de esta forma podamos gozar de este beneficio”, explicó César Ugarte.

OBLIGATORIO

Por su parte, el dirigente del sector en la urbe alteña, Rolando Alcázar, dijo que con esta nueva ley existirá la obligatoriedad de que las diferentes instancias gubernamentales, municipales, y departamentales, tengan que insertar en sus fuentes laborales (en un 4%) a personas con discapacidad, pero que las mismas, una vez que cuenten con esta fuente laboral, ya no podrán tener la posibilidad de acceder a este beneficio.

“Nosotros tenemos muy clara la figura de que aquellas personas que ingresan a trabajar en alguna de estas tres instancias públicas, inclusive bancarias e instituciones privadas, ya no podrán gozar de este derecho al bono de Bs 250, pero que deberá ser de acuerdo al grado de discapacidad su aceptación al derecho al trabajo. En caso de contar con la clasificación de discapacidad grave, tendrán el derecho de que sean sus padres, tutores o algún familiar de primer grado el que opte por la fuente laboral”, finalizó Alcázar.

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