“Gobierno no asume responsabilidad en cobertura del bono a discapacitados”

El analista Carlos Cordero consideró que es una muestra de la crisis económica, una disminución de ingresos a la que ha llegado el país, por ello el Gobierno está transfiriendo sus responsabilidades hacia los municipios, los cuales cubrirán el beneficio social de Bs 250 a las personas con discapacidad a partir de la aprobación de una ley.

“Lo que va a ocurrir es que los municipios pierdan la capacidad de los servicios que prestan, van a empeorar porque van a tener que destinarse los recursos que estaban orientados a vías, a escuelas y a obras. De algún lado van a tener que recortar, porque no todos los municipios van a estar en condiciones de dar ese servicio, ese bien social, por lo tanto, los ciudadanos van a tener que ver deteriorados los servicios que prestaban antes sus municipios”, declaró a EL DIARIO.

El presidente Evo Morales envió el lunes a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para incorporar a fuentes laborales a un 4% de los discapacitados en el sector público y a un 2% en el sector privado.

En el documento también se establece el pago de una renta mensual de Bs 250 para las personas con discapacidad grave y muy grave. Los municipios deberán ser los encargados de entregar el bono.

FAM

El vicepresidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Hugo Valverde, informó que la entidad a la que representa no está en contra del proyecto de ley del Gobierno, pero señaló que deben realizar algunos ajustes a la propuesta.

Afirmó que será necesario convocar a una reunión para los primeros días de marzo, junto a las nueve municipalidades de capitales con la presencia de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) y la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) para tener un análisis más claro.

“En ningún momento, la FAM ha formulado rechazo a la ley, lo que hemos dicho es que nos parece una medida muy acertada, que es una medida social que va a favorecer a gran parte de compañeros, compañeras de todo el territorio boliviano, en esa línea nosotros vamos a apoyar y respaldar esta medida”, dijo en conferencia de prensa.

RESPONSABILIDAD ESTATAL

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, también se refirió al tema e insistió que es competencia de los municipios asumir la competencia de atención a las personas con discapacidad.

Agregó que “el Gobierno les transfiere dinero a los municipios”, en ese sentido aclaró que ningún municipio tiene autosuficiencia administrativa ni financiera.

En la misma línea, el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, sostuvo que los alcaldes deben ser más solidarios por estar más cerca a las necesidades de la población.

“Es importante aquí que demos el paso solidario, el paso consciente, de que existe una necesidad, quién es la autoridad más cercana a esa necesidad, son los alcaldes. Ese es el principio de subsidiariedad. Está en la Constitución (...) las autoridades más cercanas a la necesidad que tiene el ciudadano son las que se hacen cargo”, dijo Siles.

El Viceministro calculó que el monto destinado a las personas con discapacidad grave y muy grave no sobrepasan los 24 millones de bolivianos, de los cuales Santa Cruz representaría el 40% de esa población.

Por su parte, la secretaria general de la FAM Bolivia, Zulema Serrudo Arancibia, comentó que se verá la mejor vía para poder destinar los recursos necesarios al bono a las personas con discapacidad.

“Lógicamente en la parte social, es un beneficio, porque en todos los municipios hay muchas personas con discapacidad, entonces es un beneficio social. Ahora en la parte presupuestaria tenemos que acomodarnos a ver los montos de dónde a dónde se van a ver las posibilidades”, indicó Serrudo.

DATOS

- Según datos del Sistema de Información del Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (Siprunpcd), hasta 2015 en el país existían 61.447 personas con discapacidad, 41.590 de las cuales están consideradas como graves y muy graves.