Cochabamba
Cochabamba.- El Tribunal Séptimo de Sentencia anunció a medios locales que el próximo 20 de marzo comenzará el juicio oral en contra de seis ejecutivos del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM), acusados de los presuntos delitos de conformación de sociedades ficticias, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado e incumplimiento de contrato en la construcción de la represa Misicuni, que causaron un daño económico de 23 millones de dólares.
Según el diario Los Tiempos digital, el proceso llega a su recta final después de que en 2014 la Contraloría General de Estado presentó ante la Fiscalía una denuncia. Sin embargo, en los tres años el Ministerio Público no pudo hallar y notificar a los acusados: Martín R.R. (representante legal del CHM), Eduardo G., Raúl N., Julio E., Francesco S. y Raúl M. Dos de ellos italianos y un venezolano.
Se presume que el representante legal contactó a sus similares de empresas italianas, venezolanas y colombianas con el fin de obtener sus currículos a cambio de un porcentaje del contrato para armar la propuesta y ganar la licitación, según un edicto publicado el 15 de junio de 2015 por el equipo de fiscales que indagó el caso.
CAPTURA INTERNACIONAL
El abogado de la Empresa Misicuni, Arturo Arnez, explicó a Los Tiempos que cuando se tenga una sentencia ejecutoriada se podrá emitir una orden de captura internacional y coordinar su detención con Interpol. “Es preferible tener una sentencia condenatoria antes (de la orden de captura internacional), procedimentalmente para no entrabar este proceso, para no dilatarlo. Una orden de captura es más contundente con la sentencia. Cuando se cuente con la sentencia, se pedirá captura internacional, se notificará a Interpol se realizarán las acciones que se crean convenientes”, dijo.
Para reparar el daño económico se incautaron varios bienes del CHM, pero también aparecieron varias personas que aseguraron ser acreedores.
Respecto a las gestiones del exasambleísta Henry Paredes realiza en Colombia para la captura de los acusados de esa nacionalidad, Arnez aseguró desconocer las mismas, pero no descartó unirse a éstas. “En su momento se van a hacer todas las acciones”, explicó.
El exasambleísta Henry Paredes informó que continúa con la investigación contra el consorcio en Colombia y que la unidad de investigaciones financieras, que investiga a ciudadanos que comenten delitos fuera de ese país, le solicitó la documentación legalizada del proceso para profundizar la averiguación.
Instó a los legisladores departamentales y nacionales a sumarse a esta vía de investigación. En Colombia “seguro vamos a tener mejores resultados, porque en Bolivia los responsables no han sido ubicados”.
En diciembre de 2013, la Empresa Misicuni resolvió contrato con el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM), debido a su iliquidez. Por la falta de recursos, el CHM no cumplió con las leyes laborales, la contratación de personal “clave”, la regularización de aportes ni el pago de impuestos. Después de la intervención de la Contraloría General del Estado, determinó que las empresas conformaron un consorcio ficticio que causó un daño económico al Estado de 23 millones de dólares.
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