Concejo trabaja normativa para intervenir en centros nocturnos

El municipio de La Paz elabora una normativa para establecer los protocolos de intervención de locales nocturnos que permitan precautelar los derechos a la intimidad, el honor y la vida privada de las trabajadoras sexuales, regulación que incluye a la Policía Boliviana, a la Guardia Municipal y los actores vinculados al tema.

El tratamiento de este tema recoge los criterios de instituciones y autoridades municipales expuestos en un encuentro organizado desde el Concejo Municipal de La Paz, en el que participaron instituciones nacionales y autoridades municipales, además de organizaciones de trabajadoras sexuales representadas legalmente.

“Si bien es una normativa municipal, el debate que esperamos que se abra tiene que darse a nivel nacional. Tenemos muchas barreras como el artículo 321 del Código Penal que ha permitido amparar o frenar la falta de acción entre ellas, pero que con la Ley de Autonomías estamos en condiciones de superar”, refirió la concejal Cecilia Chacón, presidenta de la Comisión de Gestión Institucional y Administración del Concejo Edil paceño.

De acuerdo con lo anunciado, la propuesta de normativa municipal para la regulación de los espacios autogestionarios de las trabajadoras sexuales debe permitirles mejorar su calidad de vida desde una política municipal integral, propuesta que será presentada en el curso de este primer trimestre.

APERTURA INSTITUCIONAL

La propuesta municipal, en el marco de sus políticas sociales, plantea la necesidad de trabajar más allá de la crítica y construir políticas de respeto, y espacios de protección para las trabajadoras sexuales y mujeres en situación de prostitución, a partir de la inclusión, resultado de la doble moral institucional que ha excluido a este sector de las políticas nacionales.

“Estamos trabajando en una política en la que se consideren varios aspectos, como el acceso a la salud, a la educación, a los centros integrales infantiles y de atención a la población femenina que quiere salir de esta actividad. Y para quienes decidan continuar con esta actividad, garantizar condiciones de seguridad y de protección a su derecho a la intimidad”, apuntó.

TEMAS TABÚES

La concejal Khatia Salazar señaló que la apertura al diálogo sobre un tema tan sensible, como es el trabajo sexual, exige superar tabúes y paradigmas, aprender a escuchar abiertamente los aspectos que hacen a este oficio y sensibilizar a la población para que entienda la razón de esta actividad desde una perspectiva integral.

“Debemos hacer un proyecto que permita a las trabajadoras sexuales tener una norma de respeto al trabajo y la decisión sobre su cuerpo. Hay operativos de control de salud, contra la trata y tráfico de personas, cuyas formas de ejecución violentan los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales, porque se las asocia con el delito del narcotráfico y trata de menores. Son sujetos de exposición al delito, pero no son sujetos de derechos como cualquier ciudadano”, apunta.

En este sentido, para el Gobierno local es un reto la construcción de una norma que regule esta actividad permitiendo condiciones adecuadas respetando la libre elección sobre su cuerpo y oficio asumido por muchas mujeres.

Las instituciones ejercen violencia sobre ellas (trabajadoras sexuales), porque no tiene una regulación que formalice su oficio, son las instalaciones nocturnas, las personas que ejercen el proxenetismo y la explotación sexual las que ejercen autoridad sobre las mujeres que han optado por esa actividad, coincide la concejal Salazar.

La violencia económica sobre las trabajadoras sexuales es uno de los aspectos casi naturalizado, toda vez que son ellas quienes generan las ganancias, pero las que reciben el mínimo rédito debido a que la falta de una regulación las empuja al ámbito de lo clandestino, de la mafia y la explotación encubierta.

AVANZAR ES IMPORTANTE

Desde las afirmaciones de las trabajadoras sexuales, Nelva, nombre ficticio, considera que este tema apenas empieza a ser visibilizado con el aporte de las autoridades municipales y de otras instituciones que comprenden las implicaciones del desarrollo social y el por qué de este oficio, como una opción laboral que merece mejores condiciones.

La falta de una normativa que ampare a las trabajadoras sexuales, para que tengan condiciones adecuadas, es la mayor debilidad, porque sin ser una actividad penada tampoco es reconocida legalmente, lo que da lugar a que los dueños de los locales nocturnos, sus administradores y todo el entorno vinculado al control ciudadano, como la Policía, la Municipalidad y los medios de comunicación, aborden el tema sin tomar en cuenta los derechos de la otra persona.

La falta de acceso a la salud es una de las mayores deficiencias –refiere Nelva– no tiene la suficiente capacidad para el número de mujeres que ejercen este oficio. Por otra parte, la atención en salud se reduce al análisis de sangre y revisión genital, y ninguna otra atención integral.