Jubilados y rentistas exigen la creación de gestora de pensiones

Ante la incertidumbre de los asegurados en AFP Futuro y BBVA Previsión, sobre los recursos de su jubilación, las asociaciones que aglutinan a los beneficiarios están exigiendo la creación de una nueva gestora de pensiones, que sea administrado por los jubilados y los aportantes activos.

“Vamos a exigir que se proceda a crear una nueva entidad que administre las pensiones de los aportantes, que deben ser administrados por los trabajadores y los jubilados, ya que no estamos seguros de cuál es el destino de nuestros recursos para la jubilación. Además, que se proceda a la derogatoria del Decreto Supremo 2248, que permite el nacimiento de la gestora pública de la seguridad social de largo plazo GPSS”, precisó el dirigente de los jubilados Carlos Quiroga.

En caso de funcionar esta gestora tendría que administrar $us 15.000 millones para la jubilación y también se haría cargo del pago de la Renta Dignidad. De acuerdo con el Decreto 2248, la Gestora debía iniciar operaciones a comienzos de julio de 2016, sin embargo, estas fueron retrasadas hasta septiembre de la presente gestión.

UTILIDADES

Un reporte del Centro de Estudios del Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) estableció que entre ambas administradoras entre 2010 y 2014 acumularon más de $us 30 millones, debido a las facilidades otorgadas por la ley del presidente Evo Morales.

Además, explicó que, en términos relativos, el crecimiento de las utilidades netas del año posterior a la reforma gubernamental fue 77.5%. El incremento extraordinario resalta aún más, si se toma en cuenta que, en los tres años anteriores a la aprobación de la Ley 065, las utilidades habrían mostrado una tendencia a la baja, llegando en 2010 a disminuir en el 40%.

GANANCIAS

Juan Carlos Arze, investigador del Cedla, indicó que durante el período de transición de las AFP a la Gestora Pública de pensiones, ambas aseguradoras continúan obteniendo ganancias por tres formas: una de ellas por el pago de la Renta Dignidad, del cual recibieron Bs 6, en promedio, por cada transacción que realizaban. La Ley 1732 permite que estos perciban tres tipos de comisiones: en el régimen contributivo; el servicio de pago de pensiones, la filiación o procesamiento de datos.

PÉRDIDAS POR INVERSIÓN

Arce indicó también que $us 18,5 millones del total de los aportes que administran ambas aseguradoras, en el 2001 fueron destinados a la empresa América textil (Ametex) a inicios de ese año emite título valores por $us 20 millones con tasas de interés altas, que era vigente hasta 2007, para el 2004 la deuda financiera era de $us 58 millones.

En el 2007, se aprobó una nueva emisión de títulos por valor de $us 27 millones, para cubrir la deuda que llega a los $us 60 millones. Ahora bien, ambas aseguradoras fueron parte de las empresas que obtuvieron estos bonos de valor, sin tomar en cuenta que estos recursos eran ya difíciles de recuperar, porque la calificación de riesgo llega a niveles muy bajos. Según el reglamento de calificación de las aseguradoras, no pueden invertir en empresas que tiene un riesgo por debajo de B2 (cifras de calificación).

Finalmente, “ambas entidades fueron parte del nuevo directorio de la empresa en quiebra, que estaba conformada por 15 personas naturales y 10 empresas, quienes están de acuerdo con vender las unidades productivas”, explicó Arze.

En febrero de 2012 se decidió paralizar la empresa, porque intervino el Estado, creando la Empresa Nacional de Textil (Enatex) y firma un fideicomiso por $us 15 millones, el cual es destinado para la restitución de los salarias adeudados con el personal de la empresa. Las entidades aseguradoras no recuperaron los $us 18,5 millones que fueron invertidos en Ametex.

CONCLUSIÓN

Ante la última disposición del Gobierno, de crear el fondo de inversión para pequeños y medianos agropecuarios, donde se destinará el 0,5 por ciento de los recursos del fondo de pensiones, sin la calificación de riesgo que pone en riesgo los aportes de los asegurados, inversión que puede llegar hasta el 20 por ciento en empresas públicas.