Mas coca, menos alimentos

La deficiencia de sentido común e inclusive de lógica formal está produciendo distorsiones éticas, económicas y culturales que al convertirse en causas producirán efectos.

Efectivamente, mientras, por un lado, la economía agraria nacional baja los niveles de producción de alimentos en todo sentido, por otro produce mayores volúmenes de la hoja de coca, artículo cuyo principal ingrediente es el principio químico conocido como cocaína y no constituye alimento imprescindible para la población.

A propósito, mientras el Gobierno hace todos los esfuerzos legales y económicos para elevar la producción de coca, (como promulgar la ley cocalera), en otra política se esmera por mantener en el abandono a los sectores de producción de alimentos.

Efectivamente, durante el último decenio, cientos de hectáreas de los Yungas de La Paz, antes dedicadas a la producción de papa, café, frutas y otros, han sido erradicadas y se pasó a cultivar la planta de la coca, sin que nadie, excepto la prensa, denuncie el problema y menos las autoridades hagan algún esfuerzo para frenar o evitar ese funesto proceso que origina no solo el desabastecimiento de los mercados de grandes y medianas ciudades, el alza de precios y la necesidad de hacer importaciones que, además, determinan fuga de divisas y así fomentar el desarrollo de la agricultura de países exportadores.

El pueblo boliviano está importando casi todos los alimentos que consume y las autoridades hacen muy poco (o nada), para modificar esa situación, excepto hacer anuncios líricos que no tienen sentido de realización. El caso es tangible y a la vez patético. La producción de quinua ha continuado bajando, igual que la de papa y otros tubérculos, sin hacer referencia a otros granos y frutas. Ahora se ha reportado la caída de la producción de cacao en el noreste y de maíz en el sur como resultado de la plaga de langostas, la sequía, la caída del nivel de las fuerzas productivas y la carencia de políticas agrarias.

Mientras ese proceso se va acentuando, se impulsa la deforestación de un millón de hectáreas para producir granos de exportación o bien se pone en práctica la legalización de otras 10 mil hectáreas para cultivos de coca, cultivo al que se protege con amplias libertades y, en especial, el no pago de impuestos y hacer posible la producción de la hoja ilegítima en otras regiones que jamás se dedicaron al cultivo de este vegetal.

El país enfrenta, pues, una política agropecuaria que reduce la producción de alimentos básicos y, en cambio, fomenta y amplía las áreas de cultivos de coca “para la industrialización y el pijcheo”, y no toma en cuenta, al menos en apariencia, que ese proceder ayuda a la producción de mayores cantidades de coca y, por tanto, su desvío a fines ilícitos, más propiamente, de “pasta” de la cual se sintetiza la cocaína, porque, pese a todo, la coca es cocaína. En vez de que se aplique leyes que causan malestar general por fomentar la producción legal de coca, lo saludable y elogioso sería dictar medidas para aumentar la producción de alimentos. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato?