Algo huele mal en el Banco Central

En medio de la ola de corrupción con asuntos de grande y pequeña cuantía que afectan a la seguridad del país, un tema que hace algunos meses causó enorme sorpresa en la población fue la súbita destitución del presidente del Banco Central de Bolivia, Marcelo Zabalaga y, en seguida, la versión de que esa institución había negociado con la república de El Salvador la compra de bonos por cerca de 200 millones de dólares, sin que se hubiesen cumplido requisitos indispensables para realizar y garantizar esa operación financiera.

El incendiario caso fue, sin embargo, sofocado rápidamente por una eficaz maniobra burocrática de auxilio de emergencia y, en primer lugar, fue designado como nuevo presidente de la entidad bancaria un conocido economista de “izquierda”, Pablo Ramos, que se comprometió a aplicar en el Banco Central de Bolivia una política de transparencia y declaró que cuidaría celosamente las reservas de la institución emisora, no sin antes ofrecer la aclaración sobre la operación financiera con la republica centroamericana, de la que se comentó que carecía de las condiciones necesarias para ser objeto de la negociación

Es más. El intempestivo cambio de la autoridad bancaria quedó súbitamente encubierto por una densa cortina de humo, dando la impresión de que nada había pasado e inclusive se afirmó que el asunto de la compra de bonos por El Salvador se había acordado con las garantías del caso, que los 191 millones de dólares no se convertirían en pérdida para el país y que iría pagando el Estado salvadoreño, pues tenía la solvencia de rigor y no enfrentaba iliquidez, según documento aprobado entre las partes de 17 de noviembre de 2016. En síntesis, la recuperación de los cerca de 200 millones de dólares estaba asegurada y Bolivia no sufriría la pérdida de esa suma, como ocurrió en el caso de las barcazas chinas (30 millones de dólares), la perforación en Lliquimuni (150 millones de dólares), el ferrocarril de Bulo Bulo, el ingenio de Huanuni, el horno de Karachipampa, los tres taladros de YPFB, el Fondo Indígena y un largo rosario de obras de triste memoria.

Pero la verdad siempre salta a luz, pues resulta que, ahora, un senador ha denunciado que la negociación con El Salvador no fue transparente, adoleció de vicios notorios y es necesario que se haga la investigación del caso, de tal forma que no queden dudas sobre la idoneidad del BCB y, ante todo, se asegure que el país no pondrá en riesgo los 191 millones de dólares de la operación internacional.

Según el legislador denunciante, las irregularidades en este negociado son numerosas y graves, ya que no se buscó la mejor opción para comprar los bonos, no se cumplieron disposiciones internas del Banco Central, se incumplió con disposiciones constitucionales, no se conoce el contrato respectivo y otras fallas más, lo cual, de confirmarse, pondría a flote un acto irregular, sin hacer referencia al encubrimiento de un supuesto “favor político” hacia el gobierno caribeño, un perjuicio a los intereses del Estado y finalmente, se aclararía una entidad sobre la que se ha echado sombras. Así mismo, se aclararía quiénes fueron los responsables y que tráfico de influencias superiores pudo haber existido, ya que por la punta del hilo se llega al ovillo. Es posible decir que algo huele mal en Dinamarca.