Cochabamba
• El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, postergó el martes la presentación de informe solicitado, entretanto, la prensa cochabambina amplificó noticias procedentes de España acerca de incumplimiento de contratos por parte de Joca en ese país
Cochabamba.- El ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda (Mopsv), Milton Claros, postergó su informe a la Asamblea Legislativa Departamental sobre el segundo contrato para la construcción del tren metropolitano de Cochabamba, a lo que la asambleísta departamental Lizeth Beramendi (Único) señaló que el fin es evitar la fiscalización del tren.
“Cochabamba se ha convertido en el patio trasero del Ministerio de Obras Públicas. Firman contratos secretos en La Paz, que no nos permiten fiscalizar”, lamentó en declaraciones al diario local Los Tiempos.
Por otro lado, el asambleísta Mario Orellana informó que pese a la ausencia de la Autoridad, se remitió preguntas al Ministerio (de Obras Públicas) para obtener respuestas escritas. Entre la información que se solicita están: las razones por las cuáles no se hizo una licitación pública internacional para una obra millonaria, por qué firmó el contrato el Viceministerio de Transporte y no el Ministerio de Obras.
Además, aspectos técnicos sobre las características del proyecto, las funciones de las entidades departamentales y municipales. Y la presentación de la documentación que se utilizó, aprobó y promulgó hasta la fecha en lo que refiere al proyecto.
Por su parte, el ministro se excusó de presentar su informe por “motivos de agenda”. Asimismo, mediante carta se anunció que “se comunicará para señalar una fecha en que la autoridad tenga mayor disponibilidad”.
El proyecto del tren metropolitano tiene un costo de 447,6 millones de dólares. Sin embargo, es considerado de tipo social, pues según el estudio de factibilidad no se podrá recuperar lo invertido a largo plazo, pero el objetivo es que la población cuente con un mejor medio de transporte.
ACERCA DE JOCA
Una publicación del diario Los Tiempos, indica que en los últimos años, la prensa española ha reflejado con énfasis tres casos relacionados con obras adjudicadas al grupo JOCA (parte del Consorcio que construye el Tren), conformado por JOCA S.A., Intervías y JOCA Ingeniería y Construcciones.
Entre las obras figura el tranvía Chiclana–San Fernando tramo I, una obra que JOCA incluyó en su experiencia en trenes y que en España se adjudicó a un grupo de constructoras que necesitó una subvención para continuar con los últimos trabajos.La obra fue adjudicada en 2008 y debía concluir en 2010. Este año la Junta de Andalucía anunció su entrega recién para fines de 2017, después que se relanzaron los frentes de trabajo, según el portal la Bahía de Cádiz.
Otro caso es el proceso por el pago de 1,5 millones de euros en las obras del canal Isabel II, en Madrid, contra la empresa JOCA S.A., parte del grupo, por presuntas mediciones y trabajos que no se ejecutaron.
El caso derivó en un proceso legal entre El Canal, la empresa contratista y JOCA, en 2011. La justicia dispuso que se pague a JOCA 1,7 millones de los 3,6 que reclamaba y la empresa afectada decidió recurrir a instancias superiores para recuperar los 1,5 millones, según publicaciones del diario El País de España.
El último hecho está relacionado con la resolución de contrato en agosto de 2017 por el colegio en Arroyomolinos por problemas económicos, según el portal del Madridiario.
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