Tarifazo de luz y gas: ¿quién paga los platos rotos?

Autoridades económicas del gobierno, inclusive el mismo presidente Evo Morales, han afirmado machaconamente que continúa la prosperidad y se mantiene la bonanza, por lo que se tiene un nueva Bolivia, digna, soberana y productiva, asegurando estabilidad, orden, paz y trabajo. Agregaron que el crecimiento económico pasará del 4,5 por ciento, por lo cual estaría asegurado el pago del segundo aguinaldo, las reservas del Banco Central han subido, no serán alterados los diversos bonos en vigencia, los campos florecen y las industrias estatales, excepto algunas, tienen ganancias, se espera la estabilidad de los precios del gas y el petróleo y lindezas parecidas.

Sin embargo, no se vaciló en dictar dos medidas que revelan que no todo está tan bien que se diga y que es necesario dar un golpe de timón a la economía, pues, en particular, la sobrevaluación de la moneda está causando erosión continua en los rubros de la producción minera, industrial, agrícola, etc. Esas dos medidas fueron, por una parte, la elevación de las tarifas de electricidad para los sectores populares y, por otro, el aumento del precio del gas (47 por ciento) que consume el sector industrial que, por su parte, ha señalado insistentemente que está en crisis, en particular en lo que se refiere a los medianos y pequeños industriales, que aseguran que “están al borde de la muerte” y síntomas parecidos.

Al respecto, economistas de notoria autoridad han expresado que esas dos medidas son perjudiciales para los empresarios privados y no menos para las empresas estatales que utilizan electricidad y gas, lo que causaría el aumento de los costos de producción, por lo que las dos disposiciones son igual que “sobre mojado, llovido”.

Como si no fuera suficiente, las medidas oficiales estarían destinadas a resolver el déficit fiscal del Estado, déficit que se va acentuando desde años anteriores, al extremo que las autoridades económicas vieron por conveniente cerrar el abismo por el procedimiento de aplicar medidas tributarias a varios sectores comerciales, gremiales, profesionales, etc., de tal forma de seguir recaudando los fondos necesarios para mantener satisfecha y en marcha la administración y las obligaciones del Estado, ya bastante deterioradas.

Sin embargo, si llegara al caso de que el alza de tarifas de energía eléctrica para el sector popular se produzca, si bien el Estado recibirá por lo menos una pequeña parte de lo que necesita con urgencia, quien pague “los platos rotos” será el pueblo, ya que, de una u otra forma, los productores afectados por el alza de dichas tarifas harán los ajustes de rigor y subirán los precios de su producción. Es más, esas alzas serán recargadas al pueblo consumidor y será éste el que sufra las consecuencias de las medidas oficiales.

En particular serán las 39 empresas estatales las víctimas del alza tarifaria, ya que éstas, en su mayoría (excepto Ende, Boa y Vinto) experimentan pérdidas considerables que el año pasado llegaron a 23,4 por ciento, problema que este año no será resuelto y, más bien, podría agravarse por los precios con tendencia a bajar de las materias primas, de los cuales depende la economía nacional.