La Paz es permanente sede de conflictos

La ciudad de La Paz puede colapsar porque sus habitantes tienen que convivir diariamente con marchas y manifestaciones de grupos de personas en las calles, haciendo diferentes pedidos a las autoridades locales o nacionales. Actualmente la urbe está asediada por organizaciones de comerciantes informales que tratan de conseguir objetivos que a veces van en contra de las normas municipales, lo que origina rechazo de las autoridades. Con sus marchas y manifestaciones, gremiales bloquean las vías de acceso en el centro urbano, provocando caos en el tránsito de vehículos y peatones, lo que impide la realización de labores con normalidad.

La Policía en forma coordinada y con espíritu de servicio a la comunidad y por pedido de la población debería tratar de imponer el orden constitucional. Además cuando se trata de causar desorden, se pone en riesgo la integridad de los manifestantes.

Si a esta situación agregamos el desplazamiento de vehículos de toda índole, el caos en el centro citadino está dado, alterando el trabajo cotidiano de diversos centros comerciales establecidos. Este panorama, que se repite constantemente, provoca un estado de neurosis en los habitantes de la metrópoli paceña.

Por otro lado, para ahondar el problema de La Paz, se sigue manteniendo el centralismo económico, sin dar margen a la posibilidad de aplicar en todo el país la autonomía de las regiones, de modo que haya verdadera descentralización. Si se diera tal situación, La Paz comenzaría a vivir de sus ingresos departamentales y no dependería del presupuesto centralizado. Pero por intereses políticos se sigue retrasando la aplicación de tal medida para no dar curso al Pacto Fiscal que piden todas las regiones del país.

La Paz como departamento centralizado depende del presupuesto que le asigne el gobierno para proyectos y obras de desarrollo e infraestructura. Esta dependencia no le permite a la Gobernación paceña hacer obras de desarrollo para el progreso del departamento, pues ahora tiene limitado presupuesto, que no significa un soporte considerable para realizar obras y fomentar el progreso de regiones. En estas condiciones, la Gobernación de La Paz no puede hacer mucho en materia de obras que requieren las poblaciones del departamento. Por ello se necesita el Pacto Fiscal y sobre todo la aplicación de la autonomía de las regiones.

Por afán político el gobierno central no quiere la descentralización, porque le interesa manejar los recursos económicos según disposiciones políticas y así presionar a las poblaciones. La Asamblea Legislativa debería ser la que discuta la aplicación del Pacto Fiscal. Pero como en este órgano legislativo el gobierno cuenta con dos tercios, su mayoría es indiscutible y le permite dar curso o no a lo que piden las regiones. En concreto, la mayoría parlamentaria no discute las decisiones del gobierno.

El autor es Profesor Emérito y ex-autoridad de la UMSA.