Impugnación a candidatos a elecciones judiciales

El gobierno insiste en la realización de elecciones para conformar el Poder Judicial, pese a que el sistema no es el aconsejable ni el más apropiado para designar a quienes tendrán a su cargo la administración de justicia. Son muchos los candidatos que creen tener los suficientes méritos para acceder a cualquiera de los cargos; sin embargo, muchos de ellos han sido impugnados por no reunir las condiciones precisas y, además, por no haber dado cumplimiento a muchos requisitos.

Ser juez o fiscal o alto miembro de los tribunales de justicia debería ser efecto de que se ha encontrado en los candidatos las condiciones más dignas, constructivas y limpias, que hayan tenido una carrera incuestionable en el ejercicio del Derecho, que lo hayan desempeñado sin mácula alguna, que el pueblo reconozca los méritos y condiciones apropiadas mostradas no solamente en las funciones de abogado sino en la vida privada, porque la justicia debe ser administrada de manera transparente, honesta y honradamente, de acuerdo con virtudes, valores y principios. Sin embargo, intereses político-partidistas no creen que debe ser así y consideran que quienes aspiren a desempeñar funciones de administradores de justicia “solo deberán concordar sus conductas e intenciones con lo que el partido político decida o vea conveniente para sus designios”.

Todo muestra que el partido de gobierno lo que busca es contar con cuerpos especiales de fiscales y jueces que estén totalmente acordes con las políticas masistas y sean dependientes de los designios gubernamentales. Lo ocurrido hasta ahora muestra lo poco que interesa la justicia y lo que importa son los intereses partidarios; no se explica de otro modo el hecho de que jóvenes recién egresados de escuelas de derecho o personas con objeciones en su vida profesional y privada o que no tengan ninguna experiencia en el desempeño de la abogacía aspiren a ser fiscales y jueces.

El país está cansado por la pésima administración de justicia debido a que son muchos los ejemplos que muestran cómo la corrupción atacó seriamente a este poder del Estado y designarlos mediante el voto, tan solo porque son aceptados por el partido de gobierno representado en el Poder Legislativo, sería repetir los yerros pasados, dando lugar a que los administradores de Justicia sean ajenos a los procedimientos legales, porque sólo son obsecuentes con las decisiones políticas o designios del gobierno de turno.

Nadie podrá validar en el futuro la designación “a dedo” de fiscales y jueces nombrados por el Poder Legislativo, cuya mayoría los impondrá, y el pueblo, una vez más, tendrá que observar, resignado a seguir con una administración de justicia alejada totalmente del sentido que tiene la Justicia, como derecho al que pueden y deben acceder todos los componentes de una comunidad. El caso es preocupante y los comportamientos habidos hasta ahora muestran cuán impropio es que la administración de justicia vaya a ser manipulada conforme a intereses creados y conveniencias subalternas.