“El 90% calla por temor a represalias”

La concejala del Movimiento al Socialismo (MAS) por el municipio de Cercado del departamento de Cochabamba, Celima Torrico, indicó que el 90 por ciento de sus pares son víctimas de acoso y violencia política, aunque la mayor parte de ellas no realiza las denuncias por miedo a represalias.

“Me animo a decir que el 90 por ciento de las concejalas a nivel nacional sufren acoso político. La mayor parte no se anima a denunciar, pero te comentan de las agresiones verbales de las cuales son víctimas. Les quieren obligar a firmar documentos sin la revisión correspondiente, en muchos casos no podemos participar de las reuniones y piensan que no tenemos derecho de tomar la palabra”, explicó Torrico.

DEFICIENCIAS

Sandra Silva, asesora legal de Asociación de concejalas de Bolivia (Acobol), señaló que aún existen muchas carencias para la implementación de la norma en su totalidad, debido a varios factores: entre ellos el desconocimiento de los administradores de justicia sobre la norma.

En los procesos que están en la vía penal existe demora en las investigaciones, debido al cambio de fiscal, investigadores y del seguimiento que se debe hacer al mismo, incluso a la existencia de presión política.

VÍCTIMAS

El pasado 5 de mayo, las concejalas de Tapacarí Erenia Villca Nina y Elizabeth Antonieta Ureña denunciaron ser víctimas de acoso y violencia política. Fueron víctimas de violencia física, verbal y psicológica por parte del presidente del Concejo Municipal de Tapacarí, Ignacio Mendoza, el alcalde de este municipio Severino Vargas y la funcionaria Eugenia Romero, quienes las habrían golpeado, insultado e intentaron ejercer violencia sexual, cuando retornaban de un acto en la localidad de Sicaya.

Uno de los casos más relevantes y que abrió el debate sobre el acoso político fue el asesinato de la concejala Juana Quispe, el 13 de marzo de 2012, murió estrangulada, luego de sufrir persecución política, discriminación y constantes agresiones verbales y físicas, a pocos días de asumir el cargo de concejala del municipio de Ancoraimes, provincia Omasuyos del departamento de La Paz.

Según las pruebas y evidencias colectadas durante la investigación, indican que los autores intelectuales del crimen son un exalcalde y dos exconcejales del Movimiento al Socialismo (MAS), pero todos están libres porque el Ministerio Público se declaró “incapaz” de investigar e interpretar los hechos.