Familiares de Illanes afirman que hubo descuido de la Policía

Pese a que las autoridades lo niegan, la familia del exviceministro de régimen interior, Rodolfo Joaquín Illanes, afirma que fue abandonada por el gobierno de Evo Morales, a quien no pueden acercarse.

Si bien mantuvieron prudencia en el ámbito judicial, sostienen que aquel trágico 25 agosto de 2016 cuando Illanes murió a manos de cooperativistas mineros en Panduro, la Policía incurrió en un “descuido” al no auxiliarlo.

Las discrepancias entre el Gobierno y la familia Illanes se hicieron evidentes el viernes cuando a la misa de año, celebrada cerca del medido día en la Iglesia La Merced de la calle Colón, acudieron contadas autoridades y al ser consultados los familiares aseguraron que no asistirían al acto que ayer realizó el Ministerio de Gobierno en el cerro Pucara, donde se dejó una cruz en el lugar donde la autoridad perdió la vida a golpes.

“Nos sentimos apenados y pedimos justicia pero hasta el momento veo que no hay por parte del Gobierno, mi hermana se ha ido, ella siente una profunda pena y está enferma (…). No recibimos ningún apoyo (del Gobierno) de ninguna clase, incluso, para esta misa, yo fui al Palacio a querer entregar una esquela de parte de la familia para que el Presidente se haga presente, pero nos han dicho que no se puede entrar, nos han dicho que se debe presentar un memorial. Desde que ha fallecido, (el Presidente) ha asistido una sola vez a las misa del doctor”, expresó Marión Zambrana, hermana de Rosario San Martín, esposa del exviceministro.

La cuñada del exviceministro explicó que debido a su dolor, la esposa Rosario San Martín y sus hijos Daniela y Rodolfo Illanes no asistieron a la misa de año limitándose a las reuniones internas con el núcleo familiar.

Zambrana también explicó que solo minutos antes de iniciar la misa del viernes, se enteraron que había otro acto religioso en uno de los salones del Ministerio de Gobierno, programado para las 19.30, pero al que no asistieron porque no fueron invitados.

El viernes, a la misa en la iglesia de La Merced, solo se distinguió al excanciller Ramiro Choquehuanca, al viceministro de Transparencia Diego Jiménez y a mitad del acto ingresó, precedido de su aparato de seguridad, José Luis Quiroga, sucesor de Illanes en el cargo.

Al ser consultado por EL DIARIO, sobre estas observaciones de actos separados y los reclamos de la familia, rodeado de sus escoltas, Quiroga se negó pronunciar palabra alguna.

La opinión de Zambrana fue compartida por la mayoría de los familiares que se hicieron presentes e incluso con términos más duros, dejaron en claro que estos desencuentros se deben a que asumen que la Policía no ha realizado un acto investigativo adecuado, tratando de encubrir responsabilidades de algunos exjefes policiales.

CONFIANZA

Pese a esa postura, Jalith Mariño, abogada de la familia, llama a la mesura y en sus declaraciones afirma que la defensa confía en los operadores de justicia y los fiscales que dirigen los actos investigativos.

Pese a ello, la familia insistió en pedir que la Fiscalía emita la resolución conclusiva de la investigación, como lo expresó el fiscal Javier Flores en la audiencia del pasado 23 de agosto, donde el juez séptimo de instrucción en lo penal cautelar, Héctor Quilla, concedió salida de la cárcel a los mineros René Cochi Trujillo y Clemente Colque Arancibia.

“Es una resolución ilegal, toda vez que la defensa (de los dos cooperativistas) no ha desvirtuado los riesgos procesales, y la familia ha presentado la apelación, solicitando se revoque la ilegal resolución emitida por el juez”, afirmó Mariño.

Según los datos de la audiencia, la Fiscalía no apeló esta resolución y el fiscal Flores afirmó que los actos investigativos en relación a esos mineros habían concluido.

Por otro lado, se conoce que el 19 de julio, la Fiscalía emitió una resolución de rebeldía e imputación en contra de Miguel Exequiel Ferrel Camacho, Marcelo Totola Cruz y Federico Escobar, cooperativitas que ahora deben ser notificados mediante edictos.

Esta imputación es la que permite que el plazo de investigación se amplié por otros seis meses antes de que ingrese a etapa de juicio.

Pero este plazo puede volver a modificarse, pues la familia aún espera conocer cuál será determinación que la Fiscalía asuma sobre el excomandante nacional de la Policía, general en retiro, Rino Salazar.

El excomandante declaró en mayo ante la Fiscalía en calidad de investigado por los delitos de incumplimiento de deberes y negación de auxilio al exviceministro Illanes.

El cuestionamiento es al trabajo que realizaron los jefes policiales aquel 25 de agosto donde más dudas quedan para la familia. En el caso del excomandante departamental, coronel José Luis Aranibar, consideran que es quien abandonó o no dio la orden de repliegue para preservar la vida de Rodolfo Illanes.

Aranibar es el único policía procesado al momento y ha sido agredido con insultos en las oportunidades que se ha presentado a la Fiscalía, donde los efectivos de la UTOP también se presentan para protegerlo.

“Es un tema muy delicado, yo hago una comparación con el caso de la señorita Lorena Torrez, en Santa Cruz (del caso Eurochronos), donde la Policía ha tenido un tipo de intervención y en el caso de mi hermano hay una similitud. Este tema es muy delicado, las autoridades tienen que manejarlo con mucho cuidado, porque parece que ha habido descuido de la Policía”, declaró a EL DIARIO, Javier Illanes, hermano menor de la exautoridad.

Javier Illanes señala que la familia no ha logrado reponerse de esta pérdida, y además, solo hace unos meses, también perdió la vida el hermano mayor Justo Illanes, “pena tras pena, estamos en un mar de llanto toda la familia Illanes Alvarado, no salimos de nuestro asombro y el proceder de la justicia que ha liberado a dos mineros responsables de la muerte”, lamentó el último de los hermanos.