ANP exige abrogación del Código del Sistema Penal

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), mediante un comunicado público, exige al Gobierno la abrogación de la Ley 1005 del Código del Sistema Penal y denuncia que fue excluida y marginada del diálogo convocado por los presidentes de las cámaras legislativas, donde solo participaron tres gremios que aglutinan a la prensa de Bolivia.

“La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia lamenta profundamente el intento de resolver un tema sobre derechos y libertades que atañe a toda la sociedad boliviana de manera unilateral, parcial, sectaria y discriminatoria”, dice el comunicado.

Asimismo, la entidad destaca que hasta el 10 de octubre, fue la única organización que presentó observaciones al contenido de la ley y fue cuando se respetó su representación “pero en el momento en que reclamamos el reconocimiento a la Ley de Imprenta en el texto del Código Penal quedamos sin el respaldo esperado de dirigentes de organizaciones periodísticas que ahora dicen defender la Ley de Imprenta y las libertades de prensa y de expresión”.

La entidad que agrupa a todos los medios impresos del país y una agencia de noticias, alertó que el riesgo de una persecución selectiva para anular las libertades ciudadanas de la libre expresión y el trabajo periodístico está inserto en varios artículos y no solamente en los tres que merecen la atención ocasional de los jefes de las cámaras legislativas y de quienes se arrogan la representación del periodismo boliviano.

“La solución no va por el camino de una ley interpretativa de tres artículos del Código del Sistema Penal (que dicho sea de paso resta competencias a la Ley de Imprenta), sino que requiere de un análisis mucho más profundo en toda su extensión. Si se elige el camino de subsanar omisiones con leyes sucesivas, aumentará el riesgo de la imposición de una norma complicada y confusa. Por ello, la ANP también expresa rechazo al proyecto de ley de interpretación”, dice el comunicado.

En una simple revisión del contenido de dicho Código se hallaron muchas ambigüedades. A manera de ejemplos citamos los artículos 331 y 142 entre muchos otros: el primero reza sobre la jurisdicción ordinaria y especial que estará sujeta a la interpretación del administrador de justicia de turno y su decisión podría ignorar a la Ley de Imprenta.

En el segundo se usa el término ambiguo “idea racista”. Lo que para unos es una idea correcta para otros podría ser incorrecta por lo que se constituye en un obstáculo legal para el ejercicio del derecho a las libertades de información y de expresión, y derivaría en una censura previa prohibida por el Art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Art. 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.

El Artículo 15 genera mayor preocupación debido a que desconoce totalmente la Ley de Imprenta. De acuerdo con esta norma “no pueden incorporarse tipos penales en otras leyes”, porque la Ley de Imprenta incorpora delitos contra la fe pública, contra la Constitución, contra la sociedad y contra personas individuales y colectivas.

Por lo tanto, las ambigüedades y las incompatibilidades con la CPE y con los tratados internacionales sobre Derechos Humanos hacen que sea inaplicable por lo que solicitamos la abrogación de la Ley 1005 del 15 de diciembre de 2017, con la finalidad de que una norma de semejante magnitud y alcance sea difundida, discutida y se alcance el consenso entre diferentes sectores de la sociedad afectados, como la prensa, antes de su promulgación.

La ANP hace esta declaración como representante de los diarios y una agencia de noticias que en 12 años del gobierno del presidente Evo Morales han sufrido calificativos como “cártel de la mentira” y cargan el peso de una persecución tributaria, la imposición de nueve leyes que arrancan los pocos ingresos de los medios impresos a través de avisos gratuitos de campañas que debe pagarlas el Gobierno y soporta una política de privación de la publicidad estatal.

Asimismo, la entidad destaca que su pronunciamiento es propicio para expresar respaldo a organizaciones que unen esfuerzos por el fortalecimiento y defensa la democracia.