Víctor Hugo Soria Morón
El bullado caso de la desaparición de una pareja de enamorados en enero del presente año y el posterior descubrimiento de los cadáveres de Carla Bellot y Jesús Miguel Canisaire, permitió no solo el esclarecimiento de un caso, sino que más de una personas sea detenida por adquirir celulares de dudosa procedencia.
Si bien el ser humano tiende a buscar posibilidades para ser “favorecido” y acceder a tecnología de última gama con la menor inversión posible, esta decisión puede ocasionar que más adelante tenga que invertir otros recursos para su defensa legal, sobre todo cuando es convocado por estar involucrado como cómplice de asesinato, homicidio, robo agravado, hurto, entre otros delitos que suelen ser cometidos por organizaciones criminales o delincuentes prontuarios cuando deciden robar un celular y venderlo a personas inescrupulosas que ofrecen este tipo de equipos de segunda mano o de dudosa procedencia.
En cada proceso investigado la población se entera de una serie de operativos realizados en los denominados Barrio Chino o ferias como la 16 de Julio en El Alto. Pese a ello, la conducta del comprador no cambia, aunque favorece la actividad delictiva al adquirir celulares de segunda mano, que por lo general son robados.
Por otro lado las empresas responsables de registrar a las personas que se acreditan como “propietarios” de celulares, por lo general lo hacen por teléfono, sin verificar ni constatar presencialmente al propietario de esa línea. Tal aspecto no solo favorece el ilícito de comprar celulares robados, sino da paso a otros delitos, como las estafas telefónicas, el secuestro de personas, entre otros.
En ese sentido se observa un vacío judicial cuando el registro de un celular y su línea no solo es inseguro, sino hace permisible la comisión de otros delitos. Éstos suelen ser realizados antes o después de adquirir un celular de dudosa procedencia y registrarlo con otra identidad que no es verificable.
Pero, por lo general, el perjuicio llega siempre a las personas inocentes, cuyo único delito es adquirir un celular robado y resultan posteriormente involucradas en hechos que han generado el robo y la venta de ese teléfono. Entre tres a cinco personas por mes se apersonan a las instancias correspondientes para defenderse legalmente y pagar a sus abogados para salir de procesos judiciales en curso. Se trata de casos como robo agravado o asesinato de víctima, a quien le sustrajeron un celular, con la finalidad de que este equipo de comunicación sea ofrecido en el mercado negro.
Varios hechos alarmaron a la ciudadanía en la presente gestión, ya que el robo de celulares se extiende a personas que si bien no están relacionadas con los móviles que generaron el delito, al final se convierten en cómplices, por activar el equipo de segunda mano que fue adquirido con el precio de la vida de la víctima o las secuelas de un acto ilícito.
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