Países de América Latina amenazados por la violencia

El desarrollo de países de América Latina y El Caribe vive amenazado por el crimen y la violencia, señala un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, a la vez, señala las posibles causas y sugiere medidas para revertirlas. Indica que el auge económico que hubo en la mayoría de los países, “no ha sido aprovechado en políticas que frenen la criminalidad y la violencia al desarrollo”.

El informe señala: “en la región ocurre el 39 por ciento de los homicidios de todo el mundo, pese a que solamente tiene el 9 por ciento del total poblacional. América Latina ha registrado 2,5 millones de homicidios desde el año 2000, de los cuales el 75% se cometió con armas de fuego, por encima del 50% de promedio mundial”. Añade: “si la situación actual y las tendencias se mantienen, la tasa de homicidios puede pasar de los 22 asesinatos por cada cien mil personas de 2017 a cerca de 35 homicidios por 100 mil personas el año 2030” (ED 30/XI/18).

El problema es grave y tiene que ser preocupante, no solamente para las autoridades de gobierno sino para el mismo pueblo que no siempre se da cuenta del grave peligro de tener a la violencia y al crimen como amenazas permanentes a sus vidas, a su desarrollo social y económico y a la seguridad y vida de sus familias. Las víctimas causadas suman, hasta ahora como promedio, a jóvenes entre 18 y 23 años. El tráfico ilegal y la venta legal de armas, muchas fomentadas por los gobiernos bajo el pretexto de defensa de regímenes dictatoriales o simple “defensa de la propia seguridad”, son causantes de esta amenaza que podría adquirir dimensiones imprevisibles, muy superiores a los simples cálculos señalados por el BID, especialmente en países y regiones de los mismos, donde la violencia es muchísimo mayor y los crímenes se suceden a diario, no solamente por razones políticas sino, muy especialmente, por asesinato a mujeres y niños y, en casos, luego de violaciones que los autores cometen.

El BID indica: “Tenemos a nuestros jóvenes y el futuro de nuestro capital comprometido por esta situación de crimen y violencia y por la ineficiencia de las instituciones de seguridad y justicia en la región”. Efectivamente, el problema adquiere dimensiones incalculables, teniendo en cuenta que la eficiencia de las fuerzas encargadas de la seguridad de los pueblos es casi nula y, peor, esa inseguridad se agrava por la lenidad e irresponsabilidad de jueces y fiscales que no cumplen con sus deberes de administrar debida, eficiente, honesta y responsablemente la justicia.

Todo el problema se agrava por la mayor fabricación de armas y su proliferación con absoluta libertad en la mayoría de los países de América Latina y El Caribe, cuyos gobiernos nada o poco hacen por restringir la venta, libre e indiscriminada, en franco atentado al desarrollo económico social y, lo más grave, a la seguridad de poblaciones que, prácticamente, viven indefensas ante peligros inminentes.