Comisión debe elaborar acusaciones contra “red de privatizadores”

La Asamblea Legislativa instruyó a la Comisión Especial Mixta que investigó los procesos de privatización y capitalización de gobiernos “neoliberales” (1985-2005), elaborar proyectos de proposición acusatoria contra los presuntos responsables involucrados en estas acciones. El oficialismo apunta entre varias exautoridades a una “poderosa red política interconectada entre Gonzalo Sánchez de Lozada, Raúl Garafulic y Samuel Doria Medina”.

“Nos han recomendado que con base en los análisis jurídicos de los casos estudiados, la comisión prepare proyectos de proposición acusatoria y cumpliremos con esta recomendación”, informó el senador Rubén Medinaceli, responsable de dicha comisión, tras la conclusión de la sesión legislativa que aprobó el informe que presentaron.

La Asamblea Legislativa donde el MAS ostenta dos tercios, aprobó el informe de la Comisión Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización, que entre otros puntos, recomienda enviar los documentos investigados al Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado, a la Contraloría General del Estado y al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional para su conocimiento y consideración en el marco de sus atribuciones.

Dicho informe consta de 2.748 páginas sobre los procesos de privatización y capitalización en el período de gobiernos denominados “neoliberales” (1985-2005).

Además de la instrucción de elaborar proposiciones acusatorias contra los investigados, Medinaceli afirmó que “también se recomienda a gobiernos departamentales y municipales realizar investigaciones económicas para conocer a dónde fue a parar su patrimonio, con base en una lista de empresas que pertenecieron a su administración”.

La diputada del MAS, Romina Pérez, miembro de la Comisión Legislativa, explicó que con base en un software se identificó a 55 individuos que entrelazaron redes políticas, empresariales y familiares para favorecerse del Estado.

“Se identificó una poderosa red política interconectada entre Gonzalo Sánchez de Lozada, Raúl Garafulic y Samuel Doria Medina, quienes a su vez construyeron beneficios empresariales y familiares”, aseguró.

En tanto, Medinaceli dijo que según indicadores macroeconómicos de esa época demuestran que la fase neoliberal fue la más nefasta para la historia económica de Bolivia:

“La desigualdad se incrementó en el período neoliberal, en 2005 el 10 % más rico de la población se encontraba en promedio 128 veces más por encima del 10 % más pobre. Entre 1997 y 2003 la tasa de desempleo abierto se elevó de 4,4 % a 8,7 %”, mencionó.

Añadió que el número de trabajadores mineros despedidos de la Corporación Minera de Bolivia, (más de 26 mil), el despido de casi 3.600 empleados de las corporaciones regionales de desarrollo y de más de 40 mil de las empresas estratégicas entre 1985 y 2002, generó una migración masiva de compatriotas. En 2006, más del 25 % de la población total boliviana residía fuera del país.

El total del perjuicio económico ocasionado al Estado por la enajenación (cierre, privatización y capitalización) de empresas públicas y recursos naturales, fue mínimamente de $us 10.049,08 millones, equivalentes a $us 22.051,70 millones actuales y al 105 % del PIB del año 2005, cuando concluyó el proceso enajenador.