Jhasmany T. a cárcel de Chonchocoro

El Gobierno inició una exhaustiva investigación acerca de la red de extorsión, un consorcio con operadores de justicia liderada por el abogado Jhasmany T., además de pedir la destitución de jueces fiscales y policías que resulten implicados en el caso. El cabecilla de la red delictiva guardará detención en la cárcel de alta seguridad de Chonchocoro.

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, anunció el traslado del sindicado tomando en cuenta que este hubiera conformado un grupo de poder que, además de continuar delinquiendo, le permitía gozar de privilegios en la cárcel de El Abra, donde le impusieron detención carcelaria.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, manifestó que existe la presunción que abogados, jueces, fiscales e incluso policías de la capital del valle están involucrados en la red de extorsión, liderada por el abogado hasmany T., por lo que pidió la destitución de los administradores de justicia que resulten involucrados en este caso.

“A la luz de estos nuevos acontecimiento y nuevos hechos que involucran a este abogado donde, aparentemente, como lo ha anunciado el ministro de Gobierno, Carlos Romero, podrían resultar involucradas autoridades del Ministerio Público, policías y del poder judicial se van a tomar las acciones necesarias para la captura de todos estos cómplice de todas esta red de extorsión”, advirtió la autoridad.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, instruyó al Comando General de la Policía la conformación de una comisión especial de investigadores para que se haga cargo de las indagaciones.

A través de las redes sociales circularon tres videos que muestran cómo el abogado Jhasmany T. L. y un grupo de seis personas golpean y amenazan de muerte a dos personas, en distintas oportunidades, donde les obligan a pagar una deuda económica.

INTERVENCIÓN

El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez dijo que el abogado gozaba de ciertos beneficios en el penal de El Abra, desde ese lugar intervino en las investigaciones en su contra además de amedrentar a los servidores de las diferentes instancias que administran la justicia.

“Sabemos que el señor Torrico, según la información que se tiene, desde el penal de El Abra, gozaba de comodidades y contaba con diferentes mecanismos para seguir interviniendo, amedrentando a algunos operadores de justicia”, dijo Jiménez a medios locales.

Tras revelarse tales irregularidades, el viceministro de Gobierno y Policía, José Luis Quiroga confirmó el trasladado de Jhasmany T al penal de máxima seguridad de Chonchocoro del departamento de La Paz.

CASOS

Jiménez indicó que el Ministerio de Justicia intervino en este caso desde septiembre del 2018, cuando una de las víctimas denunció que fue secuestrado y torturado por el jurista iniciaron las investigaciones respecto de la existencia de un consorcio delictivo.

El jurista sindicado se encuentra aprehendido desde noviembre del año pasado en el penal de El Abra, acusado de secuestrar y torturar al mecánico Juan Antonio C. a quien, según la denuncia, lo obligó a firmar un documento en el que certifica -por la fuerza- haber recibido la devolución de $us 20.000 que un tercero debía a la víctima por concepto de un anticrético.

El segundo caso en el que está involucrado el “abogado extorsionador” tiene como víctima a su padrastro, a quien, según el cuaderno de investigaciones, golpeó y amenazó de muerte para obligarlo a firmar la entrega de su casa y camioneta.

MÁS DENUNCIAS

El representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, señaló que existen más víctimas del jurista, la gestión pasada registró tres casos relacionados con el mismo modus operandi que empleaba el sindicado.

“Esperemos que otras personas más se animen a denunciar y no haya funcionado el amedrentamiento para se pueda canalizar los procesos penales”, manifestó.

Ambas autoridades del Ministerio de Justicia están otorgando las garantías correspondientes para que las víctimas del sindicado. Además, persuadieron a otros afectados para que hagan llegar sus denuncias ante esa instancia estatal.