Precisiones críticas sobre la jubilación obligatoria

El pasado 22 de enero, Evo Morales presentó su informe de gestión ante la Asamblea Legislativa, resaltando los logros alcanzados en sus 13 años de gobierno. Para sorpresa de propios y extraños, su discurso duró 51 minutos, tiempo que bien podría ser un récord en relación con sus anteriores informes; siendo el de 2016 el más largo, con una duración de 5 horas y 47 minutos. No pasó desapercibido su esfuerzo por realzar la bonanza económica con soberanía del país, después de la nacionalización; aunque un tanto exageradas al señalar que somos líderes de la economía en América del Sur, ya que estamos lejos de alcanzar a países como Perú, Brasil, Chile o Argentina. Temas cruciales como la lucha contra el narcotráfico, la justicia, pasaron inadvertidos, al igual que la escasa visión de futuro sobre el diferendo marítimo con Chile. Quizá el único momento de autocrítica de su informe se refiere a reconocer su fracaso en la lucha contra la corrupción.

En sintonía con la proximidad de las primarias, planteó propuestas electoralistas como la reducción de la tasa de desempleo mediante la implementación de una ley de jubilación obligatoria, anuncio que generó críticas por carecer de fundamento técnico y jurídico. En lo técnico, la tasa de desempleo del 4,27% es baja, si tomamos en cuenta que la mayoría de la población realiza actividades laborales en el sector informal y al no cotizar a la seguridad social, su impacto es insignificante. Desde lo jurídico, la CPE plantea que la jubilación es un derecho, mas no una obligación; la Ley de Pensiones establece el acceso a la jubilación en el caso de varones a la edad de 58 y para las mujeres a los 55, luego de acreditar 20 años de aportes.

Creemos que la solución al desempleo no pasa por aplicar la jubilación obligatoria, en razón a que se debe analizar otros factores con mayor detenimiento, como la disminución significativa en el nivel de ingresos de los asalariados, que sólo se jubilan con el 30%, mientras que sectores privilegiados como las Fuerzas Armadas lo hacen con el 100% de su referente salarial; siendo apremiante establecer un sistema único de rentas de jubilación digna, justa y merecida. En lo administrativo, simplificar los trámites burocráticos; resolver los problemas existentes con los trabajadores del sistema anterior y los de la generación sándwich; establecer mecanismos de incorporación al grueso de los trabajadores al denominado Fondo Solidario u otro como el de reparto, de tal forma de ayudar a que puedan percibir una renta más digna. A ellos se debe agregar la aplicación de medidas de control orientadas a evitar prácticas impropias de “heredar” espacios laborales entre familiares y parientes cercanos de los trabajadores con edad avanzada, ante la omisión y silencio de algunos empleadores.

Lo cierto es que el anuncio de la jubilación obligatoria es un reconocimiento tácito del fracaso gubernamental en la generación de empleos sostenibles para la población económicamente activa; recurriendo al expediente sencillo de obligar a la clase trabajadora a jubilarse, a fin de ampliar oportunidades para los nuevos trabajadores. Sin embargo, no toma en cuenta que tal medida podría traer, en el corto plazo, complicaciones en el mercado laboral, en razón a que no garantiza que el jubilado no siga trabajando de manera informal; la generación inminente de mayor competitividad en el mercado por vacancias; pues los rentistas resultarían ser más atractivos para las empresas, no sólo por su vasta experiencia acumulada, sino principalmente por ser más baratos, debido a que no habría que pensar en los aportes de jubilación para ellos; a diferencia de los potenciales trabajadores activos, que conlleva asumir necesariamente la obligación social y la cotización en el fondo de pensiones.

El autor es MGR. Docente investigador de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Cbba.