La doctrina de la no intervención

Debido a la grave situación por la que atraviesa la hermana república de Venezuela, en la que se ha entornillado en el poder un “tirano” que ha llevado a su país -antes considerado rico por los yacimientos de hidrocarburos que posee- a una situación de crisis y miseria tal, que esa situación es considerada como de crisis humanitaria, pues los habitantes carecen de alimentos, medicamentos, servicios básicos, enseres del hogar, etc. Además el régimen reprime a sus ciudadanos con tal grado de violencia que su milicia ha asesinado a cerca de 400 personas en los últimos meses y según denuncia de organismos defensores de derechos humanos, en las dos décadas de ejercicio de poder, habrían perdido la vida más de 300 mil personas, y se produjo la huida a otros países de cerca de 3 millones de personas.

La mayoría de los países de América Latina, de la Comunidad Europea, y otros, han censurado al régimen del dictador Maduro, y reconocido al presidente de la asamblea legislativa y que ejerce las funciones de presidente encargado, asamblea elegida por voto ciudadano y suplantada por la dictadura en sus labores, por esbirros a su servicio, pero que con un estoicismo admirable, prosigue sus labores en representación del sufrido pueblo venezolano.

La comunidad internacional pretendió asistir al pueblo venezolano, con ayuda humanitaria de alimentos y medicinas, que han sido rechazados por el dictador, que no vaciló en ordenar a sus huestes armadas disparar contra el pueblo que pretendía retornar a su país junto a la ayuda que no pudo ser entregada a sus destinatarios.

Los pocos defensores del bárbaro régimen “chavista” argumentan el “no intervencionismo externo a la dictadura”, lo que resulta, en el presente siglo, una postura que ha sido superada en el derecho internacional y el relacionamiento entre los estados y los principios que sustentan los organismos de carácter internacional.

La doctrina del “no intervencionismo” fue expuesta a principios del pasado siglo, por el argentino Drago y el mexicano Estrada, como un mecanismo de defensa ante la intervención externa por deudas no pagadas a otro Estado y de las potencias a países más débiles. Pero en los tiempos actuales de promoción y defensa de los Derechos Humanos, son éstos los que deben primar sobre cualquier otra razón, más aún cuando los derechos fundamentales a la vida y la libertad son atropellados por regímenes dictatoriales o por motivos raciales o religiosos.

Existe ya toda una jurisprudencia sobre intervención en países donde los habitantes son víctimas de violencia por conflictos armados internos, de gobiernos autoritarios o grupos irregulares que cometen genocidio y otros crímenes de “lesa humanidad”. Esas intervenciones incluso han sido de orden militar, cuando así las circunstancias lo requirieron.

El caso de Venezuela ha llegado a niveles intolerables en cuanto a represión, crímenes, ausencia de justicia independiente, mal gobierno, despilfarro, corrupción, que ha llegado al extremo de quemar la ayuda humanitaria que debía paliar el hambre y miseria en la que están viviendo los habitantes del país de origen del libertador Simón Bolívar, en cuyo nombre la dictadura chavista-comunista comete los crímenes más atroces contra ese heroico pueblo.

La presencia de grupos terroristas desplazados de otros países, en defensa del régimen de Maduro, lo ha convertido en un régimen terrorista, ocupado por milicias castro-comunistas y respaldado por el dictador ruso Putin, que ha tomado el triste papel de “padrino de las dictaduras”, lo que importa que los países demócratas deberían congelar sus relaciones con ese régimen.

Al comenzar este siglo, en estas mismas páginas del Decano de la Prensa Nacional dijimos que este siglo sería el siglo de las plenas libertades de los individuos, sólo limitadas por la ley, pero seguimos observando en el mundo a dictaduras atroces que son un atentado a la paz y justicia democrática.

El autor es Abogado y Politólogo.