Abogados del Legislativo en audiencia sin ser demandantes

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, admitió ayer que la Asamblea Legislativa no es parte querellante en el proceso de investigación Odebrecht-Lava Jato. Sin embargo, los representantes legales del parlamento, con mayoría oficialista, participaron en la audiencia de medidas cautelares contra Luis Humberto Landívar y Roberto Saavedra Rengifo.

“Lo que están pretendiendo es llevar a un ámbito mediático y la discusión sobre estos hechos se la tiene que dar ante un juez si bien ‘Castillo de Arena´ ha sido declarado como una prueba ilegal en Brasil. No olvidemos que en otros países como en Ecuador, Perú y Colombia existen procesos y bajo un principio fundamental que es soberanía, lo cual también se aplica en nuestro país”, dijo la autoridad.

El 2015 la Justicia de Brasil determinó que el informe “Castillo de Arena” es ilegal, que no puede ser usada como base de investigaciones en ese territorio ni en el exterior porque vulnera los derechos humanos de los investigados.

ARGUMENTO

Alave afirmó que esta observación fue resuelta por la juez de instrucción, quien señaló que este informe no es ilegal y que cumple con los requerimientos necesarios para que sea base de investigación. Advirtió que los demandantes pretenden mediatizar las investigaciones.

Señaló que los argumentos de la investigación que está desarrollando el Ministerio Público se basa en informes que solicitaron a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sobre el movimiento bancario de los procesados. Además de la investigación a la construcción de la carretera Puerto Suarez-Santa Cruz, específicamente el tramo Roboré-El Carmen, y no el caso integro Lava Jato.

Sin embargo, el informe brasileño menciona estos aspectos, donde la empresa Camargo Correa, que estaba a cargo de la construcción del tramo carretero, hizo pagos a autoridades bolivianas del extinto Servicio Nacional de Caminos (SNC). Este documento fue la base para que la Asamblea Legislativa conforme una Comisión Mixta y comience con las investigaciones sobre el presunto pago de sobornos.

Una resolución de la justicia de Brasil, del pasado 5 de diciembre del 2018, ratificó que estos antecedentes fueron desautorizados para base de una investigación en ese país y en el exterior.