Seguro Único de Salud entre expectativa y demagogia

El Estado tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de sus ciudadanos, definir políticas públicas conducentes a promover el bienestar, la provisión de servicios, el financiamiento de áreas principales como educación y salud pública de calidad, traducido éste último en la asignación de recursos para infraestructura, medicamentos, equipamiento y creación de nuevos ítems. Tales políticas deberían dilucidarse en legislaciones que establezcan derechos y no así en simples estrategias clientelares, populistas y sensacionalistas de diseñar y aplicar políticas públicas, cual ha sido una constante de este gobierno, al implementar el Seguro Único de Salud.

La medida fue catalogada por el Colegio Médico Nacional como apresurada y desprovista de lineamientos técnicos definidos, que la hacen insostenible en el tiempo, por la ausencia de recursos; además de imprecisiones referidas a cuáles serán las prestaciones y el futuro de la seguridad social a corto plazo; evidenciando la discrecionalidad e improvisación del partido gobernante que está más preocupado por obtener réditos políticos y no precisamente asegurar políticas de gestión y manejo responsable del sistema de salud pública del país, con detalles y complementos interconectados, con recursos fiscales encadenados y esfuerzos combinados.

Claro ejemplo de ello es el SUS, que prevé una asignación presupuestaria de 200 millones de dólares, que resulta ser ínfima, si tomamos en cuenta la falta de soluciones a problemas recurrentes en la mayoría de los nosocomios a nivel nacional, además de la carencia de infraestructura en ciudades -como en Beni y Pando-, donde no se cuenta siquiera con hospitales de tercer y cuarto nivel. Se conoce que el SUS dará prioridad a la atención en el primer nivel (promoción de la salud, prevención y diagnóstico temprano), siendo imprecisas aún las prestaciones en el segundo y tercer nivel.

Al parecer, se ha promulgado una ley que sólo está ampliando las prestaciones que ya existían; pues no queda claro qué prestaciones cubrirá el SUS porque otros seguros ya cubren aquellos de los que pretende hacerse cargo; ambigüedad que, sin duda, es resultado de la falta de reglamentación. De igual manera, preocupa la vulneración de competencias autonómicas y la propia Constitución, en razón a que se pretende asumir competencias de hospitales de tercer nivel a cargo de las gobernaciones, transfiriéndolas al nivel central con sede en La Paz, soslayando el proceso histórico de la descentralización administrativa y la autonomía.

Lo cierto es que la implementación del SUS es una medida demagógica y ampliamente electoralista de un gobierno que no tuvo la capacidad de resolver las grandes deficiencias del sistema de salud pública, pero que hoy pretende ofertar un servicio sin invertir recursos y sólo apunta a controlar todo el sistema de hospitales de primer a cuarto nivel, probablemente para albergar a los ex-becarios egresados de Cuba que, como ya advirtió el CEUB, no reúnen requisitos mínimos para ejercer la profesión en el país, constatándose que no cumplen ni con el 70% de las materias troncales de la carrera exigidas en el país, no pudiendo ser posible la reválida de dichos títulos.

A su vez, queda latente el grave riesgo para la seguridad social a corto plazo, siendo la mayoría administrada mediante autogestión a través del aporte patronal del 10% y que inevitablemente colapsará rápidamente con los nuevos afiliados del SUS que -como están las cosas-, serán atendidos haciendo uso de tales aportes. Pero como todo en esta vida tiene su Karma, el MAS no ha escuchado a los que saben y ha preferido “meterle nomás”, haciendo políticas públicas como lo ha hecho estos trece años, sin tomar en cuenta que el Sistema Único de Salud puede convertirse, inexorablemente, en su propia trampa política.

El autor es MGR. Docente e investigador de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Cbba.