Autoridad moral

En la sociedad humana, su organización descansa en el ejercicio del poder, de alguno o algunos individuos que en nombre y representación de los demás la ejercen, lo mismo sucede en otras especies de animales que viven agrupados. En el Estado, como la sociedad más elevada, una de sus características es precisamente el ejercicio del poder, de tal suerte que no hay Estado sin poder.

El Poder del Estado y dentro de la sociedad no es sino: dictar normas y hacerlas cumplir, por supuesto cumplirlas, de donde arranca la condición jurídica de las organizaciones del Estado y dentro del Estado, sean éstas estatales o privadas. De ahí se establece una estructura de poder, siempre sujeta a la normativa.

Quienes ejercen el poder son individuos que colectiva o personalmente reciben el encargo de ejercerlo, son los gobernantes en el Estado y los gerentes o directores en las organizaciones de la sociedad civil. Ahora bien, nos preguntamos: ¿dónde se origina el poder que ejercen los individuos? La esencia del poder se origina en una “fuerza moral”, como atributo de quienes ejercen poder. El tratadista Luis Molina dice: “el poder es la preeminencia moral que tienen algunos para regir a otros”.

La preeminencia moral a la que se refiere Molina, arranca precisamente de una superioridad moral y ésta de la inteligencia, pues todo acto de poder lleva implícita una decisión y toda decisión es o debería ser un acto de voluntad inteligente, de tal manera que se va relegando la fuerza como fenómeno de poder, como era en los tiempos primitivos, aunque el ejercicio del poder todavía tiene la posibilidad del uso legal de la fuerza y para ello cuenta con un aparato de coercibilidad o coacción, como jueces, policías, etc., pero aun este uso de la fuerza debe ser legal, es decir establecido en normas.

La autoridad viene del vocablo latino: “auctoritas”, que precisamente significa: autoridad moral. Siendo la moral el sustento de la autoridad, inferimos que quien ejerce el poder tiene que estar revestido de autoridad moral, como atributo precisamente de la autoridad, pues sería muy difícil que se nombre gerente de una empresa a un individuo inmoral, o gobernante de un Estado a un corrupto. Lo que sucede es que algunos individuos revestidos de poder, por el ejercicio de éste, no sujeto a las normas legales y morales, se corrompen, pues como ya lo dijo el sabio griego Aristóteles: “el poder corrompe”.

De lo anotado inferimos que el freno al poder y su ejercicio discrecional es, precisamente, la ley, por eso el Estado como sujeto jurídico está regido por normas, comenzando por la Constitución Política y las normas inferiores, a las que deben sujetarse todos los actos de poder y el órgano llamado a velar por ese cumplimiento es el Judicial, siempre que sea independiente, idóneo y eficaz, en caso contrario estaríamos en un cuadro de ilegalidad y fuera del “estado de derecho”.

En nuestra realidad de sociedad organizada en el llamado Estado Plurinacional (antes República), el largo ejercicio del poder público por una misma persona ha determinado un cuadro de hegemonía de poder, de tal manera que la persona del presidente-candidato a veces se confunde con el Estado mismo, pues éste se ha puesto por encima de las leyes, en su sentencia: “le meto nomás…”.

Cuando en el problema de la Universidad Pública de El Alto, por mayor aporte presupuestario, algunos funcionarios de gobierno pretenden descalificar esa demanda, con el argumento de deficiente administración de recursos de esa universidad, nos preguntamos: ¿Tienen autoridad moral para descalificar la gestión (que puede tener deficiencias) las autoridades de gobierno, ya que, como sabemos, en gran parte de los negocios y asuntos del Estado, las irregularidades, deficiente administración y hasta visos de corrupción son la regla?

Se hace necesario “re institucionalizar” la vida del Estado, para de esta manera retornar al “estado de derecho” con un Órgano Judicial que cumpla a cabalidad su rol constitucional y una estructura de poder sujeta a la ley y no a los impulsos del gobernante de turno.

El autor es abogado y politólogo.