Ante denuncia de violación grupal
Santa Cruz.- La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, explicó ayer, que solicitó al fiscal general, Juan Lanchipa, un informe oral sobre el caso de presunta violación grupal, ocurrido en diciembre de 2018, luego de que la juez Shirley Becerra liberó a uno de los imputados que estaba en un centro de detención de menores.
“Hemos tomado conocimiento de que se procedió a una audiencia de cesación de medidas cautelares de uno de los responsables del emblemático caso de violación grupal. Queremos expresar públicamente nuestro absoluto rechazo a esta situación”, manifestó.
La legisladora acompañada de la diputada Valeria Silva Guzmán respaldó a la familia de la víctima que busca justicia y también indicaron que pedirán detalles de cada uno de los pasos que siguió la investigación. “No compartimos que no se haya cumplido con las acciones legales correspondientes”, indicó la senadora.
Ambas autoridades expresaron públicamente su rechazo a las últimas acciones del Ministerio Público, además de su disconformidad por la decisión de la juez Becerra. “Nos parece totalmente negativo, como un antecedente para la justicia, para las mujeres que sufren violencia y para la transparencia de los actos procesales por parte de algunos responsables del Ministerio Público”, señaló la presidenta del Senado, según un comunicado de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El caso de violación grupal, llamada también como La Manada en relación a otra violación en grupo ocurrida en España, data del 14 de diciembre de 2018, cuando la joven de 18 años estuvo compartiendo bebidas alcohólicas en una discoteca con los cinco jóvenes y fueron expulsados tras ser sorprendidos consumiendo sustancias ilícitas.
Luego todos se subieron al vehículo de Alejandro Saavedra y se dirigieron al motel Deluxe, donde aparentemente ocurrió la violación grupal.
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