Quispe advierte que su detención es política

El diputado Rafael Quispe dijo que la detención domiciliaria que dictó el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción en su contra por el proceso por acoso político que le sigue la excandidata del MAS a la Gobernación de La Paz, Felipa Huanca, es una medida política del Gobierno para evitar que Huanca sea investigada por el desfalco al Fondo Indígena.

“El Movimiento Al Socialismo (MAS) está protegiendo a las personas que están involucradas en este desfalco, las investigaciones sobre el proceso del Fondo Indígena no están avanzando y quieren que no continuemos denunciando estas irregularidades”, dijo el opositor.

En la audiencia el juez otorgó un el beneficio para salir a trabajar de lunes a viernes; empero, para los fines de semana deberá solicitar un permiso a la autoridad jurisdiccional. Quispe indicó que están coartando su libertad para hacer campaña política para una posible postulación a la gobernación de La Paz.

La abogada del legislador, Zuleyca Lanza, complementó que también se fijó una fianza de 5 mil bolivianos y criticó la decisión judicial, tomando en cuenta que Quispe es un diputado que no sólo hace su trabajo de fiscalización de lunes a viernes, sino fundamentalmente los fines de semana.

La exdirigente de la Federación De Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”, Felipa Huanca aseveró que Quispe se aprovecha de su condición de parlamentario para generar acciones legales y dilatar que el juicio oral se desarrolle de forma continua. Sostuvo que de no ser diputado, el opositor ya estaría “adentro”, es decir, en la cárcel.

“Si no hubiera sido diputado, ahora (Quispe) habría estado adentro. Voy a seguir luchando con mucho coraje y voy a demostrar cómo (Quispe) ha mentido al pueblo”, dijo Huanca.

PROCESO PARALIZADO

Desde febrero el 2015 hasta la presente gestión, el Ministerio Público no presentó una acusación formal contra los involucrados en la investigación del millonario desfalco al Fondo Indígena, a pesar de que el exfiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, instruyó en diciembre del 2017 que se cierre el proceso.

Las exministras Nemesia Achacollo y Julia Ramos, entre dirigentes de organizaciones sociales y sindicales fueron absueltas, los únicos que permanecen con detención preventiva son Elvira Parra y Marco Antonio Aramayo, quien tiene más de 100 procesos en su contra.