Migración advierte a venezolanos que sobreviven en Bolivia

Con una caja de chocolates, una pareja sube al micro de la línea 2 detrás de la UMSA rumbo a El Prado paceño. “Buenas tardes, disculpen la molestia, somos dos venezolanos que vinimos a este país en busca de mejores oportunidades de sobrevivir”, comienza diciendo el varón, mientras su pareja va asiento por asiento ofreciendo los caramelos a Bs 2. Ayer, Migración tomó declaraciones de 15 ciudadanos venezolanos observados por su estadía.

La crisis venezolana ha obligado a casi 3,5 millones de ciudadanos a salir de ese país, gobernado por el chavismo desde 1999 y sumido hoy en la decadencia económica y violencia política con el régimen de Nicolás Maduro.

“Allá en nuestro país teníamos trabajo eventual, yo ganaba dos dólares, ese era mi sueldo mensual y con eso es imposible mantener a una familia, por eso dejamos a nuestros dos hijos y vinimos a tratar de ganar algo vendiendo estos chocolates”, continúa el hombre, un sujeto de tez blanca, acento caribeño y vestido con una polera blanca de manga corta que hacía notar sus delgados brazos.

Hasta octubre de 2018, el Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos - OEA, reportaba que 3,4 millones de venezolanos dejaron la tierra de Bolívar desde 2015 cuando comenzó a agudizarse la crisis económica.

El informe preliminar presentado por Héctor Schamis al secretario general Luis Almagro, citaba la huida de 5 mil personas “en condiciones de alta vulnerabilidad” cada día. Del total parcial 1,2 millones de migrantes venezolanos viven en Colombia, 700.000 en Perú, en Chile 165.000, Ecuador 250.000, Argentina 130.000 y Brasil 100.000.

“Nosotros vendemos estos ricos chocolates que valen a 2 bolivianos, pero nosotros no le ponemos el precio, solo esperamos su voluntad para poder alimentarnos y conseguir un lugar donde dormir, porque a veces nos toca dormir en la calle y esta ciudad es muy fría. Es una ciudad hermosa, pero muy fría”, relata el venezolano.

La situación legal de estos migrantes venezolanos, así como un dato concreto de su arribo a Bolivia todavía no han sido cuantificados como en otros países de la región.

Como todo extranjero, el venezolano que llega a Bolivia puede permanecer 90 días en condición de tránsito temporal y hasta tres años con licencia para trabajar, siempre que realice una inversión mínima de Bs 3 mil por persona.

Los primeros venezolanos llegaron a principios de 2018 o al menos se hicieron notar en las calles de las capitales del eje central de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

La venta de sándwich “ecológicos” o pan de maíz, conocido en Venezuela como arepas, fueron las primeras actividades, pero ahora estas personas venden toda clase de dulces como los jóvenes bolivianos acogidos en centros de rehabilitación, la mayoría cristianos.

La Dirección General de Migración, según reporte del diario Opinión de Cochabamba, había registrado en 2018 el ingreso de 300 venezolanos y tramitado otras 129 solicitudes de permanencia. El dato se puede triplicar solo con las capitales de Santa Cruz y La Paz.

Migración, precisamente, ayer procedió a tomar declaraciones a 15 ciudadanos venezolanos observados en su estadía en el marco de la Ley 370 de Migración y el Decreto Supremo 1923. Cada extranjero que sobrepase los límites de permanencia debe cancelar Bs 27 por día a esa repartición estatal.

La Defensoría del Pueblo, a petición de la Pastoral de Movilidad Humana, envió este domingo una comisión a la Dirección de Migración para verificar que no se vulneren los derechos de estos súbditos que, según reporte institucional, se encontraban albergados en la Casa del Migrante.

“Los servidores de la institución se reunieron con la directora de Migración, quien informó que de los 15 ciudadanos venezolanos que habían sido trasladado a esa repartición estatal, siete eran solicitantes de refugio en el país y los otros no tenían su estadía regularizada”, informó la defensora interina del Pueblo, Nadia Cruz.

Cualquier proceso de expulsión de extranjeros debe cumplir un plazo de 15 días, explicó la funcionaria citando el artículo 37 de la Ley 370.

“Asimismo, el artículo 32 del Decreto 1923 indica que la persona extranjera, mediante recurso de revocatoria, tendrá un plazo de tres días hábiles para impugnar la resolución administrativa de conminatoria de salida obligatoria ante la autoridad que la emitió”, agregó al defensora.

El súbdito venezolano pasa a cobrar los chocolates que unos tres pasajeros aceptaron. Mientras su esposa va agradeciendo a todos con una cálida sonrisa, pero con la mirada cansada.

Antes de bajar del bus, el hombre regala al chofer un chocolate, como muestra de agradecimiento, aunque éste lo recibe arisco intentando pagar con una moneda. “Deje nomás, no se preocupe. Gracias”, dice el venezolano y baja con su pareja para buscar otro micro que abordar y así vender las golosinas que les darán techo y comida, al menos un día más. (Visor Bolivia)