ONU refleja que Gobierno perdió control de cárceles

El arrendamiento, la compra-venta de celdas, el cobro entre reclusos por el acceso a teléfonos públicos son solo algunas muestras de corrupción en las cárceles que fueron señaladas en el informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Al respecto, el exdirector de régimen penitenciario, Ramiro Llanos, indicó que este documento refleja que el Gobierno perdió el control de los centros penitenciarios en el país.

“Como el Gobierno no invierte para mejorar las cárceles, se han creado submundos controlados por la corrupción policial, judicial y de los delegados. Por eso es que las Naciones Unidas reclaman porque ese informe es cierto. El Estado ha perdido el control de las cárceles”, resaltó la exautoridad.

El Subcomité presentó un informe cuando llegó al país en el 2017 en el documento que se develó recién, porque los funcionarios del gobierno no lo autorizaron, existe una preocupación por los recurrentes hechos de corrupción que se originan en las cárceles del país, hecho percibido como una práctica normal tanto para los funcionarios y los reclusos.

“El Subcomité está profundamente preocupado por la existencia arraigada de la corrupción en la mayoría de las cárceles del Estado Plurinacional de Bolivia, que es percibida como algo ‘normal’, tanto por los reclusos como por los funcionarios”, señala el reporte de ANF.

INCOMPLETO

Con relación al informe del organismo internacional, el canciller Diego Pary indicó que los datos no son completos y por ende se tergiversaron. Aseguró que están trabajando de forma coordinada con el Ministerio de Justicia para completar la información que solicitó el Subcomité.

“Es un informe que no es completo y no tiene la información necesaria, estamos trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Justicia para poder remitir toda la información solicitada por este comité y poder resolver las observaciones que han planteado. Es un tema de falta de información que ha hecho que el informe sea distorsionado”, señaló la autoridad diplomática.

Sin embargo, en el informe del Comité Contra la Tortura que abarca el septuagésimo segundo periodo de sesiones que se dio a conocer en el 2017 en Nueva York-Estados Unidos, lamentó que hasta el 12 de mayo de esa gestión el Estado boliviano y otros 26 países no hayan presentado los documentos solicitados.

DENUNCIAS

Llanos aseguró que los privados de libertad de las cárceles de Palmasola y San Pedro denunciaron cobros irregulares por el ingreso a los nuevos, estos son desde los 400 a 3.000 mil bolivianos. Advirtió que estos recursos llegan a los miembros de la Policía y a otras autoridades, porque hasta el momento no se elaboró una política carcelaria.

La exautoridad propuso que las cárceles de Palmasola y San Pedro sean cerradas para la construcción de nuevas cárceles con la implementación de reglamentos y las medidas seguridad adecuadas, tomando en cuenta que en esos centros se registran con mayor incidencia los hechos de corrupción.

ANTERIOR INFORME

El Subcomité lamenta que pese a que ya hizo recomendaciones similares al Gobierno Boliviano en su visita en 2010, hace siete años, para cambiar la situación en las cárceles, no evidenció ningún cambio al respecto tras su llegada en mayo de 2017. Dijo que por el contrario, la corrupción con el autogobierno se ha profundizado.

“Siete años después y en comparación con lo observado en su previa visita, el Subcomité observó que la situación de autogobierno se ha profundizado. En primer lugar, el autogobierno genera mayores desigualdades en cuanto a las condiciones materiales entre los presos. En las cárceles de San Pedro, Mocoví varones, San Sebastián hombres y San Roque, el sistema de autogobierno determinaba el reparto de tareas relacionadas con las condiciones materiales y de rehabilitación tales como la salud, el trabajo, la ocupación de celdas y las actividades de limpieza”, destacó el informe.