Auditarán Derechos Reales en todo el país

Luego de conocer reiteradas denuncias acerca de hechos de corrupción en las oficinas del registro de Derechos Reales, el Consejo de la Magistratura anunció una auditoria jurídico- técnica integral en todas las reparticiones de ese servicio público, informó ayer el representante distrital de La Paz, Aldo A. Castro Q.

La autoridad señaló que esta restructuración será encabezada por el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, quien en Sala Plena dispuso hacer mayo énfasis en los departamentos del eje troncal, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

En recientes declaraciones, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que “Derechos Reales no es una institución transparente, no es confiable”, por lo que no descartó la intervención a esta institución.

Con relación a las oficinas de registro de bienes inmuebles en la sede de Gobierno, Castro señaló que, a diferencia de pasadas gestiones, en esa repartición no se conocen denuncias similares a las recientemente conocidas en los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca. Sin embargo, enfrenta otro tipo de limitaciones que se espera sean atendidas en el marco del anunciado proceso de reestructuración.

En el caso de Santa Cruz, de acuerdo con información proporcionada por el fiscal departamental, Mirael Salguero, la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva de Gabriel A. S., funcionario de Derechos Reales de esta ciudad, en el Centro de Readaptación Productiva de Montero (Cerprom), por la presunta comisión de los delitos de peculado, manipulación informática e incumplimiento de deberes.

Mientras que debido a denuncias contra servidores judiciales de Derechos Reales en Chuquisaca, se logró la aprehensión del juez registrador Jamil S., acusado de haber alterado anotaciones preventivas de bienes, omitiendo normas procedimentales. “Autorizaba el desgravamen de anotaciones preventivas de sus propios bienes” informó recientemente el fiscal de ese departamento Mauricio Nava.

“Se presentó la imputación ante el juez cautelar, solicitando la detención preventiva de ese funcionario, se ha evidenciado irregularidades, en las anotaciones preventivas, sin que exista una orden judicial, pese a que sus colegas le han advertido de que faltaba requisitos legales conforme a la norma”, recordó Nava.