Avisaje gratuito atenta a la economía de medios

La creencia de que el principio de amar al país, servirlo, ser libres e independientes que caracteriza a los medios de comunicación, como ser prensa, televisión, radios, etc. debe ser “solventada con el dinero de quienes son dueños o directores”, es totalmente falsa porque ningun medio, por mucho dinero que posean sus propietarios, puede mantenerse sin ingresos económico-financieros propios como son la publicidad, la circulación o la captación de la audiencia precisa que pueden garantizar el cumplimiento de los propósitos enunciados.

Ningun medio, por libre e independiente que sea, debe o puede someterse a subvenciones, regalos o dádivas de cualquier naturaleza porque sería supeditarse a poderes que, mediante el dinero estén comprometidos a condiciones y exigencias muchas veces ajenas a valores. Por principio, la mayoría de los medios no acepta ninguna dádiva ni subvención de ninguna clase y se someten a sus propios capitales que han servido para fundar el medio y, luego, al logro de publicidad y circulación en el caso de los diarios y periódicos; las televisoras y radioemisoras están sujetas a la percepción de publicidad o avisaje. Habrá casos en que la subvención juega papeles importantes; pero eso es la excepción y no la regla y generalmente está referida a medios oficiales o al servicio del gobierno.

La economía de los medios está supeditada a cuánto pueden tener de publicidad, que es -al menos en el caso de la prensa- el medio seguro de ingresos porque la circulación, dados los altos costos y la participación que significa (por ejemplo, de los voceadores o “canillitas” que es del 30%) gastos de correo, distribución, etc. insume la mayoría de los ingresos. Hay utilidades solamente en los grandes diarios que cuentan con tiradas muy grandes y por ello pueden confiar en réditos debidos a la circulación; pero, la mayoría de los diarios o periódicos no logran siquiera cubrir los costos de papel y tinta.

Si a todo el engranaje que significa la publicidad se agregan las cargas dispuestas por leyes aprobadas por el gobierno y que consisten en publicar gratuitamente avisos o publicidad, los problemas se agrandan porque esos avisos demandan espacios que, en todo caso, deberían ser cubiertos con las informaciones o la publicidad debidamente pagada. Lo gratuito no implica beneficio alguno para la prensa.

El gobierno y todas sus dependencias tienen presupuestos en los cuales se consignan montos especiales destinados a la publicidad y propaganda, al margen de las informaciones que publican los medios, para que el público tome conocimiento de lo que aprueban las autoridades, para que esos avisos sean alertas permanentes a objeto de que la comunidad tome en cuenta sus derechos y obligaciones.

Disponer espacios gratuitos en los medios no es otra cosa que violar la libertad de expresión que es un derecho inalienable que los medios tienen conjuntamente la población. La prensa no puede ni debe hacerse cargo de las urgencias y necesidades de propaganda y publicidad de los organismos del gobierno que poseen montos establecidos para esos menesteres. Los medios, mediante las informaciones sobre el quehacer de las autoridades, informan y contribuyen a la difusión tanto con los comentarios de analistas, los editoriales y opiniones; en otras palabras, los medios cumplen con su misión de informar, criticar o aplaudir, comentar y diseminar todo lo dispuesto mediante leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas u otras formas de difundir que tienen las autoridades y los medios jamás han rehuido esas publicaciones y lo han hecho como información.

La prensa no tiene por qué publicar gratuitamente los avisos de propaganda y publicidad de los gobiernos que, además, muchas veces exigen ubicación y páginas preferentes. Por supuesto, tampoco la política partidista puede tener publicidad gratuita puesto que, se entiende que cada candidato o partido político dispone de los medios financieros necesarios para sus campañas. Obligar a que prensa, televisión y radio dispongan de espacios especiales para la publicidad gratuita es condenarlos a suspender actividades y ello no sería otra cosa que intervención y supresión de la libertad de expresión y prensa que ninguna entidad periodística, televisiva o radial puede aceptar; además, son las organizaciones de periodistas, radialistas y trabajadores técnicos y personal de apoyo los que también se ven afectados y, cuando se producen despidos, no siempre se los cubre con nuevo personal sino que las labores que desarrollaba son cargadas al resto del personal que, forzosamente, reduce la calidad y cantidad de su producción.

Afectar la libertad de expresión y prensa mediante la imposición de publicar avisaje gratuito es lo mismo que cerrar periódicos, canales y radios ocasionando desempleo que es contrario a la buena marcha del periodismo porque se prescinde de personal calificado y con experiencia y, la empresa se ve obligada a reducir sus programas para evitar cierre o reducción de páginas, en desmedro del público y de quienes pagan por el avisaje comercial. El gobierno, si realmente respeta y cumple con los principios democráticos, debe abrogar todas las disposiciones que obligan a los medios a publicar avisaje gratuito; lo contrario es vulnerar las libertades del pueblo.