Un sistema judicial a despatriarcalizar

La emancipación de la mujer va más allá de la liberación de su sexualidad, va al hecho de que debemos ser consideradas como seres independientes, con igualdad de oportunidades en relación con los hombres, libres de decidir sobre nuestra vida e igual de capaces de alcanzar esferas de alto conocimiento, de riesgo y de poder.

Es importante entender que el placer sexual es una necesidad humana, al igual que expresar una energía de atracción sexual. Según la persona, esta necesidad será mayor o menor. El sistema en que vivimos empujó a las mujeres, o las condicionó en algunos casos, a tener más libertad de exteriorizar la necesidad de expresar esta energía. Sin embargo, esto debe ser percibido como la expresión de una necesidad natural y/o el resultado de un condicionamiento externo, pero en ningún caso como una invitación al acto sexual, como algunos lo perciben.

Los hombres también tienen esta libertad, algunos osan expresarla y otros no, porque también así algunos fueron condicionados. Pero en ningún caso, como mujeres, interpretaremos esta demostración como una puerta de libre acceso al público. El movimiento “Me too” fue masivo por el simple hecho que todas, sin importar la clase social o medio profesional, estuvimos confrontadas con el acoso sexual. Nuestra sexualidad es considerada, por la ignorancia, como un bien público de libre acceso, cuando, en realidad, es de pertenencia única y personal a nuestro ser, como lo es nuestro corazón o nuestro brazo, por tomar un ejemplo. Y el hecho de ofrecer, disponer de esta sexualidad por un mejor cargo, es como ofrecer a esa persona arrancarle un brazo por ese cargo. No tiene ningún sentido. Nuestra sexualidad nos pertenece. Así como no se puede arrancar un brazo a nadie para ofrecerle un mejor sueldo, es completamente absurdo ofrecer arrancarle, o poner bajo intercambio, su sexualidad, a quien sea por lo que sea.

Lo que me sorprendió con las reacciones que generó el movimiento “Me too”, es que del hombre menos educado hasta el más educado, muchos parecían estar descubriendo este abuso, a la vez que algunos reconocían haber sido partícipes -en distintos grados- o testigos de la violencia cometida, pero esto, sin haber tenido completa conciencia en el momento dado. Nos queda mucho por aprender y debemos hacerlo, hombres y mujeres, en equipo. Es imprescindible generar empatía y educación, en ambas partes, alrededor de este tema, en torno al respeto de la integridad y de los límites de cada persona.

El consentimiento es la condición previa de todo relacionamiento humano, pero al cual, lastimosamente, las mujeres en relación con los hombres, pensaron, por mucho tiempo, que no podían acceder creyendo que tenían la obligación de complacerlos. La definición del consentimiento es simple y tajante: Sin un SÍ lúcido, es un NO, sin margen para la presión o manipulación o para tomar el silencio por un “sí”. Si esto no es respetado, es una violación.

Según un informe sobre la violencia en las vidas de los niños y adolescentes, que acaba de publicar el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), alrededor de 15 millones de niñas adolescentes de entre 15 y 19 años en todo el mundo han sido víctimas de violencia sexual. La representante de Unicef en Bolivia, Sun-Ah Kim Suh, manifestó su inquietud al respecto, en el caso nacional: “Si miramos el caso de Bolivia, la situación es preocupante. Por ejemplo, cuando vemos las cifras del embarazo adolescente, 12 embarazos por día a las edades de 10 a 12 años, son señal de alerta, pues es poco probable que a esas edades puedan tener relaciones sexuales consensuadas”.

“La discriminación que sufren las víctimas de violencia sexual se manifiesta en la poca credibilidad que tienen frente al sistema de administración de justicia que las pone en desventaja cuando se trata de denuncias sobre violencia sexual”. Naciones Unidas recomendó por su gravedad declarar Alerta Nacional. Es urgente despatriarcalizar el sistema judicial y para esto, debemos conjuntamente liberar nuestra mentalidad del patriarcado.

La autora es magister en Derechos Humanos.