Ante la Corte-IDH
> El experto en derecho internacional, Álvaro del Pozo, señaló que el próximo mandato de Evo Morales no sería reconocido por organismos internacionales y de los estados miembros de la OEA
El canciller de la República Federal de Brasil, Ernesto Araújo, se comprometió a consultar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) si el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que la reelección indefinida es un derecho humano, tal como lo planteó la sentencia del TCP que habilitó a Evo Morales para repostularse a la Presidencia de Bolivia.
Una comisión de representantes bolivianos de la oposición se reunió ayer con el alto funcionario del gobierno de Jair Bolsonaro.
La delegación boliviana estaba compuesta por la senadora de Unidad Demócrata (UD), Carmen Eva Gonzales, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la activista Anelin Suárez y David Sejas, refugiado político en Brasil. En la reunión participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, y la diputada federal, Carla Zambelli.
“Nosotros pudimos reflejar la situación preocupante que se vive en el país por la repostulación inconstitucional de Evo Morales, y siendo Brasil un estado garante hemos pedido que puedan interceder ante La Corte Interamericana de Derechos Humanos para que interprete el artículo 23 del Pacto de San José para evitar la repostulación del presidente”, informó la senadora a EL DIARIO desde Brasil.
En este encuentro que se prolongó por más de una hora, la delegación boliviana entregó la documentación de los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016, donde el no a la repostulación de Evo Morales ganó con el 51.34 por ciento. También se entregó el recurso abstracto de inconstitucionalidad que presentaron los legisladores del oficialismo y la sentencia 084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilitó al mandatario forma indefinida.
SOLICITUD
En la reunión, Araujo se encontraba con su equipo jurídico a quienes instruyó que inicien lo más antes posible los trámites necesarios para solicitar al organismo internacional que pueda interpretar el artículo 23 del Pacto de San José con la finalidad de que se tenga una respuesta antes de las elecciones generales del 20 de octubre de la presente gestión.
Sin embargo, el experto en derecho internacional, Álvaro del Pozo indicó no existen plazos exactos, la Corte tiene plazos “un poco lentos” además que deben resolver otros casos que están en plena tramitación.
Esta solicitud que hizo la delegación boliviana está bajo el contexto de que Brasil y Colombia fueron garantes del acuerdo político que en 2008 viabilizó la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE), que reconoce solo dos repostulaciones continuas.
Del Pozo explicó que no es necesario que los estados garantes puedan recurrir al organismo internacional para solicitar esa interpretación, sino que lo pueden realizar los países que son miembros de la OEA.
Camacho difundió un video por las redes sociales donde da a conocer el compromiso que hizo Araújo para frenar la repostulación de Evo Morales.
“Finalizada la reunión, hubo, no solamente el compromiso del Canciller de realizar la consulta, sino que instruyó de manera inmediata se realice la misma para que los bolivianos podamos tener una respuesta antes del proceso eleccionario”, dice Camacho en el video.
RELACIONES
BILATERALES
En el encuentro también se trataron diversos temas que son de preocupación entre ambos países. Araújo dijo que las relaciones bilaterales con el Estado boliviano tiene un cierto distanciamiento y que hasta el momento no se llevó a cabo un encuentro formal entre presidentes de ambos países, informó la activistas de la plataforma Las Calles Bolivia, Anelin Suárez.
Morales asistió a la envestidura de Jair Bolsonaro en enero de la presente gestión, no comparten los mismos criterios políticos como lo hizo con Dilma Rousseff o Luiz Inacio Lula da Silva, ese gobierno es de ultraderecha. Brasil es el principal socio comercial de Bolivia por la compra de los hidrocarburos, contrato que estaba previsto llegue a su fin este año, pero fue ampliado hasta el 2023.
ANÁLISIS
Por último, del Pozo señaló que, si bien la Corte emitiera una opinión en la que indique que el Pacto de San José no protege la reelección indefinida, la autorización a Morales a candidatear ya no tendría bases legales. Sin embargo, no se anularía su elección, porque el gobierno no consideraría esa posible decisión como de cumplimiento obligatorio.
Puntualizó que la resolución de la corte no es de carácter vinculante jurídicamente, pero la decisión de ese tipo tendría alto valor político contra el interés de Morales, su mandato estará enmarcado en un escenario de deslegitimación. Tanto como organismos internacionales y los estados miembros lo sindicarán como un mandato inconstitucional.
“Como hay un cambio de ciclo político en la región, no sería extraño conocer declaraciones de Brasil, Chile, Colombia y otros estados de desconocimiento al próximo periodo de gobierno, si es que evo morales gana las elecciones”, dijo el jurista.
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