Historia de una asfixia IV

Además del congelamiento de cuentas bancarias, la inhabilitación en los procesos de compras estatales de servicios (venta de publicidad), la asfixia financiera a El Diario se materializó con la persecución a los clientes del periódico centenario.

Una carta enviada a un habitual anunciador, de la cual guardamos copia, “ordena” la retención de pagos por deudas a El Diario y su envío a una cuenta bancaria de la administración tributaria con la severa advertencia de “responsabilidades penales y civiles correspondientes”.

Así, el cliente que contrataba servicios en el periódico paceño, en lugar de pagar directamente al medio por avisaje, estaba obligado a depositar el dinero en la oficina tributaria. La asfixia se hacía más intensa. El contribuyente perdía toda opción de obtener dinero y cumplir con las obligaciones.

Atemorizados, otros clientes prefirieron evitar todo vínculo comercial con el periódico, ante una eventual fiscalización por apoyar al trabajo independiente del medio impreso.

No fue casual que empresas publicitarias que por décadas anunciaron en nuestras páginas, también tomen el mismo rumbo. El temor era visible, se advertía en el ambiente, aunque las expresiones públicas no lo manifestaban.

A ello se agregó un extraño coro: el gobierno departamental y el municipal, que aparentemente están controlados por partidos de oposición, suspendieron la contratación de avisos, separatas y otros servicios que ofrece El Diario.

Ambas entidades estatales realizan publicaciones extensas en otros medios locales y de menor circulación.

Ante tal evidencia, expresamos extrañeza porque un grupo de funcionarios encargados de la compra de espacios de publicidad incurrió en la exclusión de un medio tradicional, en sintonía con la asfixia financiera. La actitud es cuestionable porque los recursos que administran y se emplean en la compra de publicidad son públicos y no pertenecen a los administradores de turno.

Se violenta la equidad en el tratamiento publicitario a medios privados, se incurre en un castigo financiero directo, y se usa el poder estatal en “la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial”, en contra de lo que señala el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).