Tribunal condenó a implicados en estafa al ex-Fonvis

El Tribunal Séptimo de Sentencia determinó la sentencia de 10 años de cárcel contra de Alejandro Asbún Farah y Javier Elías Ayoroa, dentro del denominado caso Asbún, por el delito estafa con una afectación de dos millones de dólares en la venta de terrenos al exFondo de Vivienda Social (Fonvis), pena que debe ser cumplida en la cárcel de San Pedro de La Paz.

“El caso inició el año 2006 en el Ministerio Público por los delitos de uso de instrumento falsificado, estafa con víctimas múltiples, porque utilizó un poder notarial falso de 1997, en el que supuestamente su hermano Pablo Asbún Caballero, le habría conferido facultades para actuar en su nombre para firmar el convenio del 1 de junio de 2004, donde se compromete a desistir de un proceso civil en contra del ex-Fonvis en liquidación por la empresa Constructora Asbún, aspecto que desconocen los personeros de dicha empresa y señalan que ese desistimiento lo hizo una persona ajena al proceso civil”, declaró la fiscal Edna Montoya.

La fiscal dijo además que en ese convenio se compromete al pago de la deuda que tendría la empresa Asbún en favor del ex-Fonvis, por los anticipos de dineros de las obras del proyecto Azucenas y de esta forma obtiene un desembolso de dos millones de dólares.

Sin embargo, el Ministerio Público obtuvo pruebas en el transcurso de la investigación que señalan que el poder 199/97 y la escritura pública 479/2004 insertos por el empresario Alejandro Asbún en el convenio del 1 de junio de 2004, eran falsos por lo que se generó un daño económico al Estado Boliviano.

En cuanto a la participación en el hecho del ex liquidador del Fonvis, Elías Ayoroa, de forma anticipada aceptó el precio de 5.32 dólares por metro cuadrado, sin tener un respaldo legal y técnico; es decir no contaba con el avalúo ni el saneamiento técnico, tampoco identifica la ubicación y colindancias del terreno adquirido.

También, Elías Ayoroa define la compra de esos terrenos a la empresa constructora Cascarena, vulnerando los procedimientos establecidos en las normas básicas de administración de bienes y servicios vigentes en ese momento, por lo que fue acusado por el delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes.