Anterior venta de ilusiones

Servicios de Aeropuertos Bolivianos Sociedad Anónima (SABSA) es un problema de nunca acabar para el país, al igual que las empresas nacionalizadas por el gobierno Morales-García Linera. Ésta fue estatizada a medias en el año 2015. Sin datos sobre su estabilidad económica anterior, se sabe que en 2018 mediante un malabarismo se manipuló su estado financiero haciendo aparecer una ganancia de 21.4 millones de bolivianos, cuando en la realidad las pérdidas alcanzaban en 2018 a 126 millones de bolivianos. Esta apariencia se utilizó para el pago de la prima al personal, la cual no correspondía porque SABSA acusó pérdidas.

Otro ardid para impedir la fiscalización estatal es que no se trata de una empresa pública. Para esto mañosamente y para encubrir la corrupción, el gobierno Morales-García Linera no adquirió algunas pocas acciones. En el pago de la prima ilegal tendrá mucho que aclarar el sindicato de SABSA. Su actual gerente, Roberto Cortez, también fue denunciado.

En 2019 SABSA perdió 14 millones de bolivianos, suma que parece muy conservadora, debido a malos manejos, según informe de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. En 2019 solo el aeropuerto de SABSA Santa Cruz tuvo ganancias. Los de La Paz y Cochabamba registraron pérdidas. Es así que los ingresos de esa gestión fueron más de 300 millones de bolivianos y los gastos de 326 y más millones de bolivianos. También está la supuesta nacionalización de la empresa extranjera Albertis y la indemnización forzosa: Bs. 268 millones. Entre las pérdidas registradas cada año o las bajas utilidades ficticias, ha sido un mal negocio y carga para el Erario Nacional, pero sirve para dar empleo a militantes.

Otro emprendimiento fallido es la famosa industrialización del Salar de Uyuni. El anterior gobierno implementó esta fábula con fines propagandísticos. El mal diseño y peor ejecución del proyecto ha determinado el colapso de las piscinas de evaporación con rajaduras de la estructura y filtraciones, además del daño de 14 bombas de extracción de cloruro de potasio. La producción -digamos ideal- del proyecto era de 350 mil toneladas año, pero escasamente se obtuvo 25.000 toneladas. Asimismo la ley del producto es de 8% de potasio, inaceptable por los mercados.

Por presión de Potosí, el gobierno precedente anuló su contrato con la alemana ACISA, tildada de no ser del rubro del litio. El actual gobierno manifestó su deseo de un acuerdo amistoso de resolución. Inclusive la embajada de Berlín intervino en pro de una solución. Este es otro caso de venta de ilusiones del MAS.

Ya en el gobierno de Jaime Paz Zamora, el movimiento cívico potosino se opuso a una adjudicación a una transnacional. Ahora ocurre lo propio y seguirá ocurriendo en el país mientras el sindicalismo-localista sea preferencialmente escuchado en los negocios del Estado.