Siempre se ha sostenido que la producción de alimentos lograda por nuestros campesinos y agricultores era en calidad y cantidad muy superior a la producida mediante procedimientos artificiales; es decir, con semillas y abonos tratados. Han sido realizadas experiencias -empezando por las llevadas a cabo por el Ing. Martín Cárdenas- que han demostrado que la calidad de hortalizas, verduras, tubérculos, frutas y otros, lograda en el país tiene condiciones muy ventajosas en relación con lo importado y generalmente logrado con químicos.
Que la producción agrícola en el país haya disminuido radicalmente se debe a que los procedimientos de la Reforma Agraria han determinado la proliferación del minifundio y el éxodo campesino a las ciudades y lugares con mayor población, lo que dio lugar a que muchos de los productos agrícolas dejen de ser cultivados y los consumidores prefieran lo importado. Este hecho ha determinado que crezca el contrabando de alimentos procedentes de la Argentina, Chile y Perú, menospreciando lo nacional bajo el argumento de que “es de mala calidad y en poca cantidad”.
Una información pormenorizada publicada en EL DIARIO de fecha 10 de febrero pasado, muestra categóricamente que la producción extranjera goza de grandes ventajas frente a la producción nacional. Señala la información: “Existe una variedad de productos que tiene Bolivia para mejorar la alimentación de la población, pero, lamentablemente, el consumo se redujo a 12 alimentos de 45 que se tenía en el año 2010”. Esta es una realidad comprobada en todo el país y se ve incentivada por la economía informal y la baja cotización del dólar, dos aspectos que enriquecen a los exportadores foráneos y favorecen al contrabando. Son producidos muchos granos, como arroz, centeno, soya, poroto, haba, arveja, etc., en Bolivia; la producción de azúcar, soya y arroz alcanza inclusive para las exportaciones; sin embargo, tanto importadores legales como los de la economía informal prefieren introducir a los mercados lo producido en países vecinos.
Es urgente que el gobierno adopte medidas que hagan posible, en primer lugar, que el campesino que abandonó sus tierras vuelva a las mismas bajo condiciones que le permitan superar cualquier dificultad, como ser la provisión de semillas, abonos, herramientas y la respectiva mecanización; luego, como segunda medida, que otorgue la debida legalidad a los títulos agrarios que cada gobierno distribuye, pero que en la práctica no les sirven a los campesinos ni siquiera para el logro de créditos y menos para su disponibilidad en familia. Y es que de latifundios han tenido que dividirlos en minifundios que no convienen ni convencen a los campesinos, por la escasa extensión de tierra. Finalmente, que sean permitidos los créditos bancarios y los asesoramientos técnicos para reimplantar los cultivos nacionales, reduciendo drásticamente el contrabando que ha resultado beneficiado con la preferencia que se da a lo foráneo, menospreciando lo nacional.
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