Un horizonte de dificultades económicas

La pregunta del presente es si estamos preparados para lo que viene después de esta emergencia sanitaria sin precedentes. Concluidos los embates del coronavirus, sobrevendrá la crisis económica que se dibuja en el horizonte no solo nacional, sino internacional. La actual parálisis productiva industrial y de servicios, sin conocerse cuánto tiempo más requerirá, adelanta un impacto negativo en la economía.

Los necesarios bonos que el Gobierno ha concedido, tarde o temprano tendrán que pasarle factura y con ello a la población misma. Si bien hay recursos suficientes para cubrir los bonos por dos o tres meses, es posible que tengan que continuar a lo largo de una cuarentena cuyo tiempo no es fácil predecir. Sin embargo, las finanzas nacionales tienen un límite. Las donaciones efectuadas por los organismos internacionales, la Unión Europea, Italia, China, etc., se las habrá invertido en mejorar las deficiencias sanitarias del país frente al Covid 19.

Agotadas éstas, aunque fueran de libre disponibilidad, no se ve otro remedio que recurrir a las ya escasas reservas del Banco Central de Bolivia y al endeudamiento externo que, a su vez, considerará las menores posibilidades financieras del prestatario. A lo anterior se agrega que el Estado diferirá la percepción de impuestos por buen tiempo. La banca por su parte atravesará por una moratoria parcial que se ha anunciado.

Por otra parte, el precio del petróleo, referente necesario para el gas que exportamos, parece estabilizarse entre 30 a 40 dólares por unidad de venta, todo lo cual configura una situación muy compleja. Necesariamente se proyectará como necesidad el reajuste considerado sobrevalorado de nuestra moneda respecto al dólar. No deja ser una esperanza el pedido de los países de Sud, Centro América y del Caribe para que organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y otros puedan condonar la deuda contraída y aun conceder nuevos préstamos.

Los gobiernos subnacionales -gobernaciones y alcaldías-atravesarán por idénticas dificultades luego de haber reforzado con partidas de otros rubros la atención e insumos de sus establecimientos sanitarios, más aún cuando la pandemia comienza a manifestarse en algunas provincias. Por estos motivos, el déficit posible demandará el auxilio estatal. Este complejo cuadro exige racionalizar el gasto público, en el cual incide de manera determinante el descomunal crecimiento de la planta burocrática estatal de los últimos catorce años. Disminuirla a lo necesario es una tarea que debería iniciarse cuanto antes.