Los trastornos que ha creado el coronavirus a nivel de todas las actividades del mundo, han traído la consecuencia de que la banca mundial en general se encuentre en situación de no saber conciliar debidamente su funcionamiento en el futuro inmediato y menos mediato, porque está supeditada al comportamiento general de la economía una vez que termine la grave crisis que no da lugar a planificar ni examinar condiciones que pudiesen regir la vida de la humanidad. Para la banca, por el mismo hecho de la heterogeneidad de clientes que tiene en todo el mundo y por las diversas formas de atenderlos, que tiene variantes notables entre una y otra institución, debe ser difícil acomodarse a las posibles nuevas situaciones que pudiesen surgir.
Los gobiernos, al margen de las ideologías que sustenten, tampoco tienen conciencia de lo que vaya a pasar; para ellos, por la heterogeneidad de sus pueblos, el tipo de economía que sustentan, las formas que tienen de encarar sus relaciones con los trabajadores, los artículos que producen, la clase de servicios que prestan y otros factores, tampoco podrán encontrar, en el corto tiempo, métodos y sistemas para acomodarse a nuevas situaciones y menos acomodarse a nuevas reglas que surjan en el campo productivo, comercial, bancario, de exportaciones, etc., etc. Pero, en general, se puede decir que hay la probabilidad de que sean implantadas nuevas reglas y procedimientos que estén alejados de ideologías, posiciones político-partidistas, culturales, religiosas y de cualquier otra naturaleza porque los cambios que se produzcan se los irá experimentando poco a poco. Para todos los regímenes gubernamentales no será fácil adecuar sus proyectos, planes, presupuestos, programas de gobierno, sus políticas sociales y económicas que coincidan fácilmente con lo que ocurra en cada continente, y especialmente cuáles serán las políticas de cada país rico y desarrollado.
Para el empresariado privado de todo el mundo las nuevas condiciones y formas de vida de cada colectividad tendrán variantes muy serias y las empresas privadas no solamente deberán conciliar criterios con el sector público sino adecuarse a los modos de vida de la población. El empresariado privado tendrá que coordinar labores con el sector público, abrir nuevas formas de “modus vivendi” con sus similares foráneos y, a la vez, formular nuevas reglas de juego tanto para su atención en lo interno como en el campo de las exportaciones. Lo principal será, en todo caso, que a las empresas privadas no les convendrá que sean reducidos los límites de su libertad para lo que tengan que hacer, especialmente en el campo social, en el aspecto tributario y otras normas a las que estuvieron acostumbradas. Por supuesto, igualitariamente ninguna actividad privada de la economía tergiversará o incumplirá con las leyes; al contrario, se adecuará a las que sean ratificadas y a las nuevas normas que pudiesen ser aprobadas, claro que siempre acogiéndose a la posibilidad de conseguir consenso con las autoridades para evitar contradicciones, vulneración y cambios radicales de reglas que alteren las relaciones con los trabajadores.
Bien se puede sostener que tanto los gobiernos como la actividad privada y las entidades financieras, como es el caso de la banca en general, sufrirán cambios, pero tendrá que ser tomando en cuenta al bien común y, en lo posible, anulando o modificando reglas que en la práctica han significado imposiciones y hasta abusos. Y es que tanto los gobiernos como las entidades bancarias, atenidos al poder que tienen y dadas las nuevas circunstancias, tratarán de imponer reglas o principios que les convengan, aun a costa del bien común que debería ser respetado y considerado en cualesquiera circunstancias.
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