Disputan el control y soberanía nacional

Si hay algo inocultable en Bolivia es que, sin mucho disimulo, toda la provincia del Chapare está regida y comandada por el narcotráfico. Es un fenómeno que guardando las proporciones es similar al estado de Sinaloa, a Jalisco y otros de México, controlados incontestablemente por los cárteles de la droga y, en consecuencia, sustraídos del Gobierno del hermano país. El Chapare brinda al ilícito la doble ventaja de fuente a la mano de la hoja de coca y factoría in situ del derivado deletéreo de la misma, libre de autoridad y ley que lo limite.

En cuanto a la fabricación de cocaína queda atrás la “pasta base”. Ahora el Chapare produce las sustancias más refinadas y sofisticadas de cocaína, como lo ha evidenciado continuamente la Fuerza Especial de Lucha Contra (FELCN) y hace poco cuando encontrando una de estas fábricas fue emboscado a bala un contingente de la Fuerza de Tarea Conjunta, en el área de un sindicato, a una hora del municipio de Entre Ríos. La población de tal región complementó el ataque y causó heridos al indicado contingente. Este hecho muestra claramente una complicidad poblacional con el delito, que se repite en otras provincias.

Además, según conoce el público, cinco camiones fueron incautados con precursores y enorme cantidad de hidrocarburos con destino a dichas factorías, bajo el pretexto de donación de frutas y otros por “solidaridad” ante la pandemia. Este transporte portaba autorización de circulación firmada por la alcaldía de Villa Tunari, Cuarta Sección del Chapare.

El tema de fondo es que esta provincia escapa a la soberanía del Estado boliviano. Tan es así que los policías destacados al lugar pudieron retornar con funciones limitadas, sólo como complemento bancario para el cobro de los bonos paliativos decretados por el Gobierno Transitorio. Para hacer posible este retorno se suscribió un acta de capitulación, más que un compromiso, capitulación tanto por su redacción cuanto por la participación de sindicatos, gremios, autoridades locales en un mismo parangón con el Gobierno central, lo que infiere otro capítulo de cesión de soberanía. Por añadidura presenciamos una dualidad policial si advertimos que las poblaciones del Chapare disponen de su propia policía, tal como lo han admitido más de una vez. Si dos fuerzas obedecen a distintos mandos crean una incompatibilidad que sólo puede definirse por el triunfo de una sobre la otra.

En el trópico cochabambino o se rompe la cuarentena a voluntad o simplemente no se la acata ni cumple. Obedeciendo instrucciones provenientes del asilado en Argentina, el 30 de abril en Chimoré se realizó una manifestación pese a la cuarentena, de apoyo a la promulgada ley que fija el de plazo de 90 días para efectuar la elección general. Lo propio ocurrió en El Alto, obedeciendo lo planificado por Evo Morales. La inmediata promulgación de la ley de urgencia electoral por Eva Copa, presidenta del Senado, deja claro que un poder paralelo disputa la soberanía nacional, por lo menos de una parte del territorio con satélites internos.

Para mayor desconcierto y anormalidad de un Estado es que estos módulos de disputa del poder radican en el exterior que, además, tienen el control de un órgano del Estado --la Asamblea Legislativa-- lo que cierra el callejón sin salida en el que se encuentra del Gobierno. Pareciera inclusive que la resiliencia de las autoridades constituidas no tendrá fin…

Este pandemónium amerita que el gobierno anfitrión del disputante de la soberanía, decida si continuará tolerando y socapando el hecho o le pondrá fin. Si es positivo lo primero, se impone el deber de que al Gobierno Transitorio denuncie ante los organismos internacionales competentes esta complicidad atentatoria a la soberanía de otro Estado, conforme a la carta política de la OEA.

Es necesario recordar las condiciones necesarias para que un Estado sea considerado tal, éstas son: territorio, población, gobierno, control soberano sobre todo su territorio y no depender de poderes extraños. La falta de control de la totalidad del territorio debilita al Estado boliviano, en tanto, en cuanto, no ejerza poder y autoridad en el Chapare. Soslayar este requisito de existencia, sugiere que el Gobierno carece de asesoramiento de la teoría del Estado, del derecho público y administrativo. En estas circunstancias, sólo cabe la sentencia shakesperiana de “ser o no ser”.

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