Israel Camacho Monje
No otra cosa implica el pedido del aumento salarial del 10 al 15 por ciento, para el período laboral 2020-21, que hizo la Central Obrera Boliviana (COB) al gobierno constitucional presidido por la Dra. Jeanine Áñez Chávez.
El ciudadano común no alcanza a comprender hasta dónde llegó la irresponsabilidad de los supuestamente llamados “defensores de la clase laboral de nuestro país”, que pretenden imponer esa demanda, entiéndase bien, no en una situación normal de convivencia ciudadana, sino en una gravísima situación de salud por la que está atravesando el mundo, y Bolivia en particular.
Es decir, hacer frente a la pandemia del coronavirus Covid-19, que sospechosamente se desató en la China comunista y que más de seis meses, ya ha cobrado las vidas de miles de inocentes víctimas, de ambos sexos, así como de todas las edades.
Y solo Dios sabe cuántos miles más de vidas inocentes se llevará el virus en los próximos meses y tal vez años. Porque, en verdad, la pandemia del Covid-19 ha encontrado a países económicamente fuertes, así como a países pobres con sistemas de salud carentes de los principales equipos de alta tecnología médica, que se suponía ya existían y eran privilegio de los países del primer mundo.
Pero volviendo al caso boliviano, es descabellado el mencionado pedido de aumento salarial cobista que no condice con la actual y pobre situación económica boliviana, totalmente angustiante, que nos ha dejado el anterior gobierno masista y su binomio presidencial cocalero de Evo Morales y Álvaro García y su entorno íntimo, que por catorce años, así como anticonstitucionalmente se reeligieron, también convirtieron al Poder Legislativo en violador de la Constitución Política del Estado, al Poder Judicial en protector del narcotráfico y la corrupción institucionalizada, y al Poder Electoral en una maquinaria fraudulenta que estuvo a punto de convertir a la República de Bolivia en un Estado dictatorial.
Por todo lo anterior, el ciudadano común boliviano considera que no cabe aumento salarial alguno para el período laboral 2020-21. Por el contrario, se impone que el partido político que salga elegido en las próximas elecciones generales, tenga por exclusiva labor gubernamental la extradición y enjuiciamiento de todos los que conformaron el Movimiento Al Socialismo (MAS) a la cabeza de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, el entorno presidencial, los que ocuparon los poderes Legislativo, Judicial y Electoral, los equipos ministeriales, diplomáticos, y además los dirigentes de los distintas federaciones de cocaleros y, por supuesto, claro está, todos los paracaidistas políticos que salieron elegidos como diputados y senadores de la oposición política y se vendieron al oficialismo masista. ¿Verdad que sí?
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