No hubo cuarentena para el infanticidio y la violencia contra niñas y niños

La Constitución Política del Estado establece en el Art. 61. I que “Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad”. En aplicación del Art. 298. 21 se asigna la competencia privativa de codificación sustantiva y adjetiva en materia de niña, niño y adolescente al nivel central del Estado. Lamentablemente NO SE CUMPLE este mandato constitucional con nuestra niñez y adolescencia, y no gozan de garantías constitucionales. El Estado no toma en cuenta la prioridad e interés superior, por tanto se sigue vulnerando los derechos fundamentales de nuestros niños y adolescentes que están en completa indefensión.

Si bien el Objetivo del Desarrollo Sostenible Nº 16 señala: “Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños”, el Estado en sus tres niveles no realiza acciones para evitar infanticidios, violaciones y maltrato infantil. Y en la cuarentena por la pandemia del Covid-19 se vuelve más agresiva la pandemia machista y patriarcal, frente a niños y mujeres encerrados con sus agresores, desde la declaratoria del confinamiento del 22 de marzo.

En Bolivia desde el inicio de la cuarentena, hace ya más de un mes, según la Fiscalía y la FELCV, en la segunda fase de la cuarentena por el coronavirus, entre enero y abril, 20 menores han sido asesinados, hubo 66 denuncias de violación sexual, 5 de acoso sexual, 1 de agresión sexual, 31 de estupro, y 1.872 denuncias de violencia familiar. No se sabe aún cuántos casos se mantienen en el anonimato por las restricciones de circulación, que es otro obstáculo para la presentación de denuncias.

Estos números vienen a confirmar la realidad de que la casa puede ser el lugar más inseguro para los niños y las mujeres que viven situaciones de violencia, porque están conviviendo con sus agresores, en permanente zozobra. Durante la cuarentena se supone que los riesgos en la calle se redujeron al mínimo, pero en el hogar aumentaron, porque, aunque no queramos admitirlo, las víctimas han sido encerradas con sus agresores en un entorno donde no puedan desarrollarse ni física ni síquicamente, con graves consecuencias. Por ello la vulnerabilidad de los niños, el hacinamiento, el hambre y la desesperación, resultantes de la crisis económica causada por el coronavirus, exacerban aún más esta realidad.

En La Paz un padrastro golpeó a su hijastro de solo un año y ocho meses hasta dejarlo, inicialmente, con muerte cerebral y luego falleció. Tenemos niveles de violencia crueles, donde realmente se está concibiendo a la víctima como objeto de desahogo, de desecho y se mata a indefensas criaturas, como se evidencia en certificados médico forenses. Observamos actitudes contra niños, con “más saña, más agresividad y una brutalidad inconcebible”, como sucedió con un niña que apareció muerta en Sucre y de otra que supuestamente se quitó la vida en Montero, en un contexto de extrema pobreza. Además, un Asambleísta regional de la Provincia Gran Chaco fue denunciado por la abuela por haber abusado el 17 de abril a 4 menores, 3 niñas de 7, 6 y 2 años y un niño de 5 años.

Frente al Covid-19, que se suma a la pandemia de infanticidios y pedofilia contra nuestros indefensos menores, exigimos recursos suficientes para financiar la implementación del Sistema de protección de la niñez de acuerdo con el Código Niña, Niño y Adolescente, para que los niños, las familias, las comunidades estén informados sobre la violencia contra la niñez y de la violencia de género, así como sus consecuencias negativas para el bienestar y el desarrollo. Se requiere administración de protocolos, en los niveles municipal y departamental, así como prestar atención especializada a niños que sean víctimas de violencia, abuso, negligencia, explotación y especialmente violencia sexual, con el objetivo de denunciar, evitar y reducir el infanticidio y el maltrato infantil, como una necesidad URGENTE para preservar la vida y bienestar de inocentes que no pidieron venir a este mundo.

La autora es Abogada, ex Asambleísta Constituyente.