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Un sector de los productores rechaza la norma alertando que “los transgénicos ponen en peligro el medio ambiente”; sin embargo, durante el anterior Gobierno no se manifestaron respecto a leyes similares.
Con la finalidad de optimizar los procesos de producción en Bolivia, el gobierno constitucional de Jeanine Añez aprobó el Decreto 4232 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer mecanismos abreviados para la evaluación de la semilla transgénica en el país.
De manera excepcional, a partir de la aprobación del Decreto, se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad evaluar los procedimientos mejorados para la producción de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.
El único artículo del Decreto 4232, aprobado la primera semana de mayo y publicado en la edición de la Gaceta Oficial (1266NEC) detalla como disposiciones transitorias que “(…) se debe dar cumplimiento al presente Decreto Supremo, en un plazo de hasta diez (10) días calendario computables a partir de la publicación del mismo, el Comité Nacional de Bioseguridad, deberá aprobar los procedimientos abreviados”.
La propuesta busca alternativas productivas para aumentar la productividad de los campos, a partir del uso más eficiente de la tierra con el cultivo de la semilla transgénica y su potencial resistencia a las sequías y plagas.
Por su parte el Movimiento Agroecológico Boliviano (MAB), conformado por 38 organizaciones de productores, a través de un documento hizo conocer su posición sobre las semillas transgénicas al manifestar que un peligro para la salud medio ambiental y de los seres humanos, pese a los aparentes beneficios que presenta, por sus propiedades destinadas a una rápida y abundante producción.
Adelantaron que interpondrán acciones legales para la anulación del Decreto, que, según estudios jurídicos, la disposición gubernamental, transgrede la Constitución Política del Estado (CPE) y otras leyes en vigencia en el país.
El sector de los productores recomendó cuidar una alimentación sana, mediante el fortalecimiento a la agricultura familiar, con enfoque agroecológico, para hacer frente a la pandemia.
Durante el gobierno del Movimiento al Socialismo se aplicaron normas como la autorización de ampliar la frontera agrícola que provocó chaqueos, con posteriores incendios que destruyeron el 80% de la Chiquitanía; sin embargo, estos sectores no hicieron reclamos oportunos.
