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Organizaciones de la sociedad civil rechazan la Ley 1297, que fue promulgada por la presidente del senado Eva Copa, y que fija un plazo de 90 días para llevar adelante las elecciones generales.
“El casi centenar de policías infectados, periodistas y servidores públicos en cuarentena demuestra que el distanciamiento social es todavía fundamental para impedir un contagio masivo de los ciudadanos bolivianos, algo imposible de conseguir en caso de llevarse adelante elecciones presenciales dentro de 90 días”, dice parte del comunicado.
Asimismo, aclaran que las justas electorales no pueden postergarse indefinidamente, empero es necesario esperar un plazo razonable, basado en el asesoramiento científico, cuando existan las condiciones de bioseguridad necesarias.
Manifiestan que la Ley 226 de 24 de noviembre de 2019, Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales, que faculta al órgano electoral para convocar a elecciones en 120 días, debe mantenerse, concediendo un rango de flexibilidad para que el propio Tribunal Supremo Electoral establezca la fecha de manera oportuna, según sus necesidades logísticas para cumplir y reprogramar adecuadamente el calendario electoral.
