Interés partidario del MAS contra la vida de millones de bolivianos

La Constitución Política del Estado establece en el Art. 15. I que “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física…..”, y el Art. 18. I expresa que “Todas las personas tienen derecho a la salud”. Pero sin tomar en cuenta la crisis sanitaria mortal del Covid-19, Eva Copa, Presidenta del Senado, por su afán de privilegiar sus intereses político partidarios, de manera arbitraria y usurpando funciones que no le competen, “promulgó” el pasado 30 de abril la Ley 609/2019-2020 de Postergación de Elecciones. Lo hizo en contradicción a la Ley 1293/2020 Para la Prevención y Tratamiento de la Infección por el Covid-19, que declara de prioridad e interés nacional la situación de emergencia sanitaria por la pandemia. Por tanto debe ser anulada esa ley apócrifa considerando que:

1º Eva Copa es presidenta del Senado, no fue elegida Vicepresidenta, está usurpando funciones, por tanto sus actos son nulos de pleno derecho. Y es que la CPE en el Art. 122 manifiesta que “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.

2º Esa Ley Apocrifa fue “promulgada”, vulnerando la Norma Suprema, establecida en el Art. 163, que determina: “El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera: 1) El proyecto de ley presentado por asambleístas de una de las Cámaras, iniciará el procedimiento legislativo en esa Cámara, que la remitirá a la comisión o comisiones que correspondan para su tratamiento y aprobación inicial”. Eso no se cumplió porque las observaciones que remitió a los 10 minutos la Presidenta, debieron resolverse primero en la Cámara de Origen (Diputados), y además la Convocatoria debió realizarse con anticipación de 48 horas, hecho que no se cumplió y directamente la presidenta del Senado “promulgó” la ley.

3º Esa ley al margen de no cumplir con el procedimiento que establece la Norma Suprema, es inconstitucional, porque atenta contra el derecho humano de la vida y la salud.

4º Eva Copa, presidenta del Senado, con la mayoría del MAS del caudillo cocalero fugitivo, en su ley nula dio un plazo de 90 días al TSE, para se realicen las elecciones nacionales, atentando contra la vida y salud de 6 millones de bolivianos, lo que obliga someter a la ciudadanía a un contagio masivo sin precedentes.

De acuerdo con estimaciones de expertos científicos, la pandemia del coronavirus en Bolivia tendrá su pico de contagios entre las dos últimas semanas de junio y las dos primeras de julio y recién en septiembre podrían descender los contagios. Ya tenemos más de 100 fallecidos y son más de 2.000 los bolivianos infectados por el virus, muchos de ellos por las paupérrimas condiciones de vida y sanitarias que nos dejó el cocalero prófugo, que renunció y huyó porque se evidenció el gran fraude en las elecciones de octubre de 2019.

5º Ese mismo día se escuchó petardos y cacerolazos en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y el Alto, en contra de las elecciones hasta el 3 de agosto, porque la gente desconoce las proyecciones de la pandemia del Covid-19, y además que no se tomó en cuenta la propuesta del TSE, sobre que las elecciones generales se realicen entre el 28 de junio y el 27 de septiembre. Por las denuncias de pobladores alteños, los militantes del MAS realizaron ataques al transporte público que trasladaba médicos y enfermeras para cumplir su trabajo de protección a los infectados.

Por tanto esa Ley apócrifa debe ser anulada, para no arriesgar a la población boliviana a la movilización electoral como jurados electorales y la votación que es obligatoria, porque pone en riesgo el bien jurídico protegido del derecho a la vida, ya que el proceso electoral puede convertirse en un foco de contagio del letal virus para toda Bolivia.

Exigimos que los recursos destinados a las elecciones fraudulentas realizadas por el gobierno del MAS sean devueltos, y la sanción correspondiente. De acuerdo con la Ley de Partidos Políticos, se debe anular la personería jurídica del MAS, por el daño económico al Estado causado, y esa devolución de recursos económicos debe ser destinada a la lucha contra el Covid-19.

La autora es Abogada, ex Asambleísta Constituyente.