Más de 245 millones de personas serán vulnerables
La desaceleración de la economía, que viene desde hace unos cinco años atrás, y ahora la pandemia que provocó una recesión, provocará el aumento de la pobreza y pobreza extrema en Bolivia y en la región, según el nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, titulado: El desafío social en tiempos del Covid-19.
Ante la caída del 5,3% del PIB y el aumento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales proyectados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en el Informe Especial Covid-19, N° 2, en 2020 la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas adicionales) con respecto al año previo, por lo que alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7% de la población de la región) (CEPAL, 2020b).
Entre esas personas, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas.
Asimismo, en línea con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también crecerá la desigualdad en todos los países de la región. La Cepal proyecta incrementos del índice de Gini de entre el 0,5% y el 6,0%. Una vez más, los peores resultados se esperan en las economías más grandes de la región.
Ese aumento de la pobreza y la pobreza extrema compromete gravemente la posibilidad de poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo en 2030 (Objetivo de Desarrollo Sostenible) y más ampliamente el logro de todas las metas de la dimensión social de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Los efectos de la pandemia sobre el Producto Interno Bruto (PIB) y el empleo son diferentes según los países, por lo que la magnitud de los incrementos de la pobreza y la pobreza extrema proyectados también varía.
Dada la incertidumbre del contexto actual y su evolución, se presentan tres escenarios (bajo, medio y alto) de la evolución de la pobreza y la pobreza extrema en 17 países de la región. En el escenario medio, la pobreza aumentaría 4,4 puntos porcentuales; en el escenario bajo, 3,4 puntos porcentuales, y en el alto, 5,5 puntos porcentuales.
INGRESO BÁSICO
Para enfrentar los impactos socioeconómicos de la crisis producida por la enfermedad del coronavirus (Covid-19), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe propone que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida, según la propuesta de la Cepal, presentada por la secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.
Además, en el largo plazo, el organismo reitera que el alcance de esas transferencias debe ser permanente, ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población muy vulnerables a caer en ella, lo que permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal, para asegurar el derecho básico a la sobrevivencia, complementó.
En una conferencia de prensa virtual transmitida en vivo desde Santiago de Chile, Bárcena entregó también los detalles de la propuesta de la Cepal sobre un ingreso básico de emergencia (IBE) que se debe implementar inmediatamente, con perspectivas de permanecer en el tiempo de acuerdo con la situación de cada país.
Eso es especialmente relevante dado que la superación de la pandemia tomará su tiempo y las sociedades deberán coexistir con el coronavirus, lo que dificultará la reactivación económica y productiva.
“La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos está resultando muy caro. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo”, señaló Alicia Bárcena.
La Cepal propone la entrega de un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020 (es decir, 215 millones de personas o el 34,7% de la población regional). Esto implicaría un gasto adicional del 2,1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año.