Una nueva polémica y discrepancias han surgido a raíz de la autorización de transgénicos en la producción agrícola y agroindustrial que autoriza el Decreto Supremo 4.232 de 7 de mayo en curso. Esta disposición abarca los cultivos genéticamente modificados de trigo, maíz, caña de azúcar, algodón y soya. Los sectores medioambientalistas consideran negativa la medida y los productores en cambio consideran altamente positivo el mencionado decreto supremo.
Determinadas voces manifiestan que esta disposición contradice el artículo 409 de la Constitución Política que dispone que la producción, la importación y la comercialización de transgénicos sean regladas por ley. Tanto el decreto del Gobierno como los soyeros fundamentan principalmente que la medida favorecerá la competitividad del país en esa área. La soya, pese a constituir el producto agrícola estrella de exportación del Oriente boliviano, es uno de los más rezagados a nivel sudamericano. Inclusive el Paraguay lleva la delantera en la especie. Sin embargo la colusión se presenta en otros aspectos.
Entretanto, ya como anécdota, el consabido asilado en la Argentina no podía dejar de hacer uso de las redes. Dice, pues: “ahora nos matan con productos genéticamente modificados”, añadiendo otros dislates, según su costumbre. Olvida que de puño y letra promulgó la Ley de 26 de junio de 2011 que autoriza los transgénicos, sobre todo de importación. Asimismo, olvida su decreto supremo reglamentario de la Ley anterior que firmó el 15 de julio de 2015. Sus dichos están destinados a su público, para el resto carecen de importancia.
El incremento de la soya y de otros productos alimenticios no es dable sino mediante la expansión de la frontera agrícola, del comercio ilícito de tierras y de una gran corrupción. He ahí el gran problema. Hace menos de un año todos rechazaron el incendio de más cinco millones de hectáreas del Oriente. Precisamente, se lo atribuía al desmonte para habilitar más tierras de plantación de granos y otros con destino al biocombustible, según autorización también del gobierno de Evo Morales. Al mismo tiempo, el gigante incendio compartía gentilezas con el asentamiento de gente favorecida por el MAS en tierras de la Chiquitania.
La expansión agropecuaria en Santa Cruz y en las regiones tropicales tendrá que ser sometida a rigurosos y detallados requisitos y supervisión –libre de corruptela— a fin de que no ocurran propases, abusos y comercio ilícito de tierras. Acaban de ser presentadas denuncias alrededor de estos temas en Reforma Agraria.
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